[Junio 6, 2018. Desde entonces, ha cambiado la postura de Almagro y la OEA, la represión ha sido violenta y sangrienta, mientras los empresarios y la Unidad contemplan pasivamente el estrago. Desafortunadamente, parece que sí, que los grandes empresarios han dado prioridad a un buen «aterrizaje» para sus intereses.]
La unidad nacional contra la dictadura tiene su propio tranque: la renuencia de los grandes empresarios a colaborar, más allá de firmar las proclamas. A medida que la temperatura del conflicto sube, dicha postura alimenta recelos—ojalá, injustificados–en la población. ¿Por qué lo hacen? ¿Temen—sin razón– que el cambio dañe sus intereses, como en 1979? ¿Por qué parecen negarse a quemar las naves contra el gobierno? ¿Apuestan a ambos bandos para asegurar un buen “aterrizaje”?
Al menos en público, la urgencia de sumar fuerzas para detener cuanto antes el baño de sangre inhibe, entre opositores, estas preguntas. Sin embargo, es preferible que la honestidad gobierne la lucha democrática, no solo por principio, sino porque es muy difícil avanzar si el copiloto de un vehículo pisa el freno constantemente.
Además, resulta trágico. Cada vez que el vehículo desacelera, la dictadura gana tiempo, lo que se traduce en vidas perdidas y destrucción. Ejemplo de esto: la precipitada aceptación del Diálogo Nacional al que invitó el gobierno, cuando estaba arrinconado, nos dio la satisfacción de ver a los estudiantes imprecar a Ortega en nombre de la sociedad, pero desde el punto de vista del tirano la maniobra fue un éxito táctico. La oposición acudió a las pláticas sin que el gobierno concediera mucho. La alianza de Ortega con Almagro y las esperadas complicidades regionales neutralizaron, hasta hoy, el informe de la CIDH (única concesión del dictador) en el sentido de impedir que se produjeran acciones punitivas contra el régimen. Mientras tanto, la dictadura tomaba un segundo aire, preparaba la escalada represiva posterior. El Diálogo le permitió sobreponerse a la sorpresa de la explosión cívica que había desbordado su capacidad de represión, y girar hacia una estrategia de terrorismo de estado, apoyado en su jauría de pandilleros, francotiradores y fuerzas parapoliciales.
En respuesta, los estudiantes, campesinos, y hasta pequeños comerciantes, como los aglutinados en el Mercado Oriental, han llamado desesperadamente a que se intensifiquen las presiones económicas y políticas para salir de la crisis. La respuesta de los grandes capitales: peros y dilaciones. ¿Paro nacional? “Daña la economía”. ¿Desobediencia civil, negativa a pagar impuestos? “Todavía no”.
Ante tal comportamiento, blando e incoherente, los demás participantes en la Coordinadora Civil han mostrado gran tacto político y tolerancia. Con tal de mantener la apariencia de unidad, aceptan que el COSEP firme condenas y proclamas, y poco más, mientras los miembros más pobres de la sociedad civil se lanzan de lleno a ejecutar las medidas de presión económica y política que la situación requiere.
Cabe preguntarse: ¿Qué temen más los grandes empresarios? ¿Los riesgos de un experimento democrático sin precedente en Nicaragua, o los desmanes y el desgobierno de la dictadura?
Deben decidir ya, por su bien y el del país. Esta lucha no es contra ellos. Pero mientras más dure la crisis (y sus titubeos y ambigüedades la prolongan) los costos han de aumentar–para todos.
Ciudadano X 
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