19 de julio

18 de julio de 2019

Hablando del 19 de Julio, dice Mónica Baltodano que “la memoria de aquella gesta se entrelaza, como continuidad histórica, con la resistencia cívica del presente”.

El problema–quiero ser objetivo, aunque duela–es que la memoria de aquella gesta, y aquella gesta en sí, se entrelaza también con el despotismo actual, y con todos sus crímenes.

Somos eso, somos el bien y somos el mal, somos el error y el acierto; seres humanos al fin, constructores de mitos que nos van explicando lo que poco entendemos. Hoy los practicantes del mercadeo político llaman a esos mitos “narrativas”.

¿Cuál de ellas triunfará? ¿Cuántas manos ensangrentadas serán lavadas por la mentira? ¿Cuántas mentes serán llevadas por uno uno u otro camino según la versión de la historia que prevalezca? ¿Cuánto seremos capaces de aprender, y al costo de cuánta sangre y destrucción?

Preguntas que me hago; hago y dejo flotar, nubes de culpa en el insomnio.

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Los chayopalos y el psicoanálisis

17 de junio de 2019

La pregunta de Martha Patricia Molina, abogada defensora de derechos humanos, en la Nicaragua ensangrentada por Ortega y su excéntrica consorte, la Chayo: “¿Considera usted que deben desaparecer los chayopalos?”  La respuesta usual se abre en luces, como una candela romana, corolario soñado de la caída de los déspotas: ¡Claro que sí! 

Y nadie debe sorprenderse.  Quienes viven el surrealismo sádico de la familia de El Carmen querrán borrar los restos de la pesadilla, volatilizar sin piedad todo aquello que recuerde el sufrimiento.  Es posible que la prisa sea en vano, porque solo el tiempo logra sepultar el dolor en la memoria.  Pero al final ocurrirá: algún día habrá que explicar en una nota al pie de página que un chayopalo es una enorme estructura de fierro, inspirada en la versión colorida, obra de Gustav Klimt, del arquetípico árbol de la vida ubicuo como un eco del inconsciente humano en las mitologías del mundo.

Y así, al final, al fin, podremos desplazar a la insignificancia de una breve referencia a figuras crueles pero mediocres, que nunca debieron—no deberían—ser personajes centrales en la historia del país.  Para esto, sin embargo, la sociedad debe tumbar estructuras más fundamentales que un árbol de lata: el autoritarismo y la tradición cínica del borrón y cuenta nueva, del “perdón y olvido”.  

En la búsqueda de este objetivo, propongo–digo, dudo, pienso–la siguiente reflexión: ¿no convendría negarnos el placer de arrasar con todo?  Lo hemos hecho repetidamente, aniquilar todos los símbolos de todos los pasados bochornosos que dejamos atrás, cada vez que uno de esos pasados muere [y esquivemos, por ahora, el misterio de la resurrección].

Claro, algún símbolo habrá que derribar; los nicaragüenses son seres humanos sometidos a opresión extrema; algo tiene que caer, o rodarán cabezas en lugar de construcciones.  Pero es deseable que, si algo se va a destruir, pensemos no solo en la política de hoy, sino en la función de memoria histórica de ciertos artefactos, de su lugar en la estética urbana y el orden social democrático que soñamos para el futuro.  Se me ocurre, por ejemplo, que no existe orden social democrático y belleza urbanística capaz de digerir sin envenenarse las murallas grotescas y expropiatorias de El Carmen.  Ahí, sin duda alguna, o de casi nadie, la demolición sería un paso adelante, un construir, más que una mirada justiciera hacia atrás.

¿Se salvarán así del cementerio de chatarra al menos algunos chayopalos? No lo sé, aunque ya habrán inferido, por el tono, mi renuencia a despintar murales, derribar estatuas, quemar archivos, demoler cuencas acústicas y fuentes musicales como forma de castigar a regímenes defenestrados.  Por eso abrazo, como a una señal hermosa de los tiempos, que Martha Patricia Molina lance su pregunta de forma abierta, transparente y sin dogma.  Me ha dado el coraje que faltaba para abordar un tema espinoso, que he ponderado largamente en silencio.  Alguna vez incluso contemplé escribir, a manera de amigable provocación intelectual, un artículo que a estas alturas cualquier psicoanalista vería como arranque suicida: “En defensa de los chayopalos”.  Después de Abril, entré en razón. Mejor dicho, decidí recurrir al disfraz que los cobardes llamamos prudencia. No vaya a ser, me dije, que me arranquen a mí las tuercas de la base y me hagan caer de panza en medio del polvo y el jolgorio.

Elogio de la ambición (¿quién abandera la agenda democrática?)

2 de julio de 2019

Seguramente sorprenderá que alguien que preconiza democracia y agita contra la tiranía se lance a escribir un panegírico a la ambición.  No quiero dejar duda: deseo la mayor dispersión posible del poder, a través de toda la sociedad.  Y no solo del poder político, sino de su hermano, padre e hijo en trinidad maligna: el poder económico. Pero, por más irónico que parezca, la vacuna requiere del virus: para derrotar al poder y dispersarlo es preciso, primero, acumularlo. 

Tienen que hacerlo grupos e individuos conscientes de que blanden una espada de mango hiriente, un rifle que dispara por cañón y por culata.  Y a estos individuos el resto de la sociedad debe a su vez tenerlos en la mira, seguirlos con tanta desconfianza como fe se tiene en la causa. No es nada fácil esta maniobra, y eso lo demuestra la dificultad que han tenido todas las naciones del mundo, a través de la historia, en crear y mantener regímenes democráticos. 

¿Qué quiere decir esto en el contexto de la Nicaragua actual?

Primero, significa una advertencia, contra dos enemigos de la democracia.  Uno es, claramente, la dictadura brutal del FSLN.  Contra esta dictadura hace falta, además del ímpetu autoconvocado, la coordinación que haga de este un puño demoledor.  Para ello se requiere un liderazgo al cual se le ceda alguna autonomía táctica, porque no es posible someter a referéndum cada decisión en medio de la batalla. 

La otra amenaza es la tradición, y la agenda política, de las clases económicamente dominantes en el país.  Aquí, de entrada, otra aclaración: la agenda democrática de nuestros tiempos excluye la idea de oprimir o suprimir a una clase a través de la fuerza.  A nadie en posesión de al menos unas pocas neuronas funcionales se le ocurre, luego de tanto experimento fracasado, que el mundo pueda subsistir, ya no digamos progresar, sin empresa privada y libertad económica, circunscrita esta racionalmente por regulaciones sociales y de eficiencia. 

Los grandes empresarios nicaragüenses pueden dejar de temer, o de utilizar como argumento, la presunta amenaza ‘anticapitalista’ de los ‘radicales’ autoconvocados que los presionan y hostigan por sus posturas políticas.  Dichas posturas son legítimamente problemáticas, y no son accidentales.  

Es la historia, hombre…

No es especulación, sino un fenómeno verificable de la historia nicaragüense, que quienes detentan el poder económico carecen, han carecido siempre, de convicción o hambre de democracia.  Hambre, necesidad, como la que los empresarios de las nacientes burguesías industriales europeas tuvieron, de erradicar los controles económicos de las noblezas feudales, cuyo poder se organizaba alrededor de reyes y emperadores.  

Los ‘burgueses’ europeos, en busca de espacio comercial y político, derrocaron o emascularon aquellos regímenes, y abrieron así el camino áspero, escabroso y desigual–pero sin retorno–hacia las democracias que conocemos hoy en día. No es esa la historia social de los grandes empresarios nicaragüenses. No son ellos fruto y agente del desarrollo capitalista enfrentado a un régimen feudal.  Más bien son los herederos directos de las castas propietarias y burocráticas de la Nicaragua colonial tardía.

Esto explica su cultura de poder, los hábitos políticos que como grupo exhiben actualmente, y que van reproduciendo en su ADN social, y hasta familiar.  Es notorio, por ejemplo, que las élites postcoloniales no han dudado en batirse en guerras intestinas por intereses inmediatos, locales, estrechos, arrastrando a la población que lograban controlar o influenciar, pero nunca fueron capaces de llenar el espacio geográfico de Nicaragua del aire de unidad que requiere una nación.  Han sido incapaces de articular una visión de país, de crear una estructura de poder político que la refleje—y con ella armonizar de alguna manera sus intereses con los de la sociedad.  Si no han logrado abrazar la idea de nación, si no sienten la democracia como una necesidad existencial, ¿puede esperarse que abanderen la lucha contra la tiranía?  La historia sugiere que lo harán solo si se ven arrinconados, condenados al destino que el filibustero resumió en aquella declaración que más o menos reza: “todo hombre pelea si a ello se le obliga”.

¿Llegó el momento? 

Por ahora el comportamiento de los grandes propietarios sugiere que no sienten tanta necesidad de enfrentar al régimen como sintieron en las dos grandes crisis anteriores de Nicaragua.  Durante la primera, en reacción contra lo que llamaron “competencia desleal” de Somoza Debayle.  En la segunda, en resistencia desesperada contra la política expropiatoria del FSLN en los años ochenta del siglo pasado.  ¡Cuán ‘historia lejana’ suena esto! 

Y cabe destacar que en ambos casos—conectados, claro, entre sí—las acciones del empresariado fueron tardías, y podría decirse que manchadas por el fracaso: fueron incapaces de desplazar a Somoza y reemplazarlo por un régimen de su preferencia, a la medida de sus intereses; regresaron, después de 1990, luego del baño de sangre de la primera dictadura del FSLN y de la guerra de los Contras, a entregarse de nuevo a la corriente y acabar atrapados una vez más en una represa social que se desborda.

¿Con el pueblo, o contra el pueblo?

No conviene a los empresarios, en este siglo XXI que pinta poco amable para rancios verticalismos, oponerse a la ola social–si la ola se alza de nuevo.  La ola, ya se sabe, es democrática, es la fuerza de una sociedad que quiere un Estado de Derecho: derechos para todos, privilegios para nadie.  Dentro de ese Estado no solo caben, sino que son tan esenciales como el resto de los ciudadanos, quienes se dedican a la empresa privada.

Así que la razón indica que la clase empresarial puede ser llevada, superando su reticencia, y guiados por su instinto de preservación, al campo de la lucha democrática.  Opondrán todos sus recursos a la pérdida de privilegios. Sin embargo, puestos en el trance, en el punto de quiebre del sistema actual, es dudable que apuesten por el perdedor. 

Es decir, antes que perecer aplastados por la ola democrática, los empresarios se sumarán a ella.  Pero para eso, la ola ha de resurgir. Si no lo hace, los empresarios se acurrucarán de nuevo al lado del poder político, como gigantes patéticos, subyugados por un puñado de matoncillos, salteadores que en otro lugar y en otro país serían siervos, no amos, de cualquier pretendida ‘clase dominante’.

¿Quién habla por la democracia?

De lo anterior se desprende que los grandes empresarios nicaragüenses son –por cultura, historia y tradición; por falta de visión de país; por el peso de cadenas que no logran entender, mucho menos romper—incapaces de aprovechar la ventaja que su peso económico les da para liderar, y definir ellos, el contenido de la lucha contra la tiranía orteguista.  Su peso ha sido más bien un lastre.  Con él, y gracias a la brutalidad selectiva y clasista de la represión oficial, han logrado muy poco contra Ortega, pero han temporalmente reducido, maniatado, al pueblo que se alzó desde Abril pleno de coraje a exigir el fin de toda tiranía. 

Los grandes propietarios han fracasado.  Y estaban destinados a fracasar, porque su meta no ha sido vencer, sino proteger sus nichos.  Quizás sea más exacto decir que su definición de triunfo es más estrecha de lo que la ciudadanía espera y el país necesita: la erradicación, el derrocamiento, de una de las dictaduras más sanguinarias, totalitarias y retrógradas de la historia americana. No son, pues, las élites propietarias que la gente identifica como “el gran capital”, la avanzada de la modernidad, ya que si algo los distingue es el peso que en su conducta tiene el resabio colonial, más que el pulso democrático. 

La promesa de cambio que nos tiene a todos a la vez inquietos, angustiados e insatisfechos, esperanzados e ilusionados, viene de otros segmentos de la sociedad.  Viene de los jóvenes estudiantes que han podido evadir el atavismo autoritario por su entronque con el mundo globalizado, de influencia liberal-democrática. Viene también del movimiento campesino, sometido al choque de intereses foráneos (o intereses nativos con disfraz o complicidad foránea); de los activistas que buscan una sociedad más tolerante de la natural diversidad humana; de emprendedores quizás más representativos del espíritu empresarial moderno que los grandes propietarios del Cosep, especialmente de la acaudalada élite financiera; y de un puñado de intelectuales y disidentes que desde la sombra o el silencio han arado por años una tierra que otros creían infértil: han organizado oenegés, enseñado seminarios de liderazgo, discutido teorías del poder y del Estado en las universidades; o, en el caso de los movimientos feministas y los chavalos de #OcupaInss, han peleado valientemente—y hay que decirlo: sin mucho apoyo popular– el espacio público que el fascismo orteguista expropiaba rotonda por rotonda, pulgada a pulgada.

La propuesta democrática

¿Alguien duda que todos ellos encarnan la ilusión democrática de los nicaragüenses? Son ellos los que han traído a la superficie, y expresado en reivindicaciones claves, concretas, el ansia de libertad, el hastío de los ciudadanos comunes con el estancamiento secular del país, con una realidad que nunca mejoró para la mayoría.  Hastío incluso con las promesas presuntamente revolucionarias que lograron, a lo sumo, que un grupo privilegiado de políticos engrosara la membresía del club de potentados del país, mientras las casas de zinc, los niños mendigos, la inequidad y la discriminación llenaban las ciudades polvosas y los campos cada vez más deforestados.

Hoy, gracias a los grupos e individuos que han emergido a través de la rebelión de abril, se habla de refundación nacional, de Constituyente democrática, de buscar la dispersión (o descentralización, u horizontalidad) del poder político, de que los ciudadanos puedan ser electos sin necesidad de pertenecer a un partido político (subscripción popular), de reformas económicas que reduzcan la obscena concentración del ingreso, de que los grupos económicos más ricos no evadan impuestos y que con ellos se financie generosamente la educación, que se abandone el “sálvese quien pueda” que bajo diferentes disfraces, como ‘neoliberalismo’ o el irrisorio ‘socialismo’ orteguista ha sido el sustrato intelectual del manejo económico desde 1990—o más bien la excusa para privilegiar a los más poderosos.

Elogio de la ambición (y de la transparencia)

Esta agenda, sin embargo, no está en el menú de la Alianza, no cabe—por las razones discutidas anteriormente—en la angosta mira de los grandes propietarios. 

Pero es la agenda del nuevo momento, de la nueva generación, y si no la enarbolan, promueven, empujan, los jefes de la Alianza; si los empresarios, para colmo, fracasan en lograr hasta el más mínimo suceso en la lucha contra la dictadura, es hora de que los nuevos actores levanten la bandera, presenten al pueblo la agenda que representa la alternativa democrática.

Para ello, necesitan lanzarse abiertamente y sin remordimiento a la conquista de poder político.  Necesitan, cada uno de ellos, expresar la ambición que en el contexto de la democracia no solo es aceptable, sino sana; no solo deseable, sino indispensable: la de ocupar espacios que permitan hacer realidad los programas y proyectos que el progreso de la sociedad requiere.

Ninguno de ellos, llámese Edwin, Irlanda, Yubrank, Nahiroby, Félix, Victoria, Medardo, María Adilia, Francisca, Christian, por citar a unos cuantos, debe caer en el error de rebajar su propio perfil para no lucir ambicioso.  Yo entiendo que hay un sentimiento bastante generalizado entre nosotros, los demócratas nicaragüenses, de rechazar el caudillismo y el vanguardismo.  Pero liderazgo, la capacidad y la voluntad de dar un paso adelante y tomar con firmeza una bandera colectiva, no es necesariamente ninguna de esas dos cosas.  Que no se convierta en ellas depende en gran medida de nosotros, de que no endiosemos a los líderes ni les concedamos privilegios, que los sometamos a una crítica pública, tan constante y tan justa como sea posible. 

Mas no nos engañemos: necesitamos que los rostros identificables de la disidencia y la rebelión sean también su voz, y que reflejen la voluntad popular de adueñarse del destino de Nicaragua.  Nada ganamos si no ganamos poder, ni siquiera la posibilidad de dispersarlo.  

Es necesario que nuestros abanderados proclamen la agenda democrática, que la presenten sin miedo al pueblo, que la hará suya, porque surge de su espíritu y de su experiencia.  La misma agenda nos permitirá protegernos de extravíos antidemocráticos, que son siempre posibles–así es la condición humana. 

Pero lo peor que podemos hacer, y lo que más complace a las élites, es renunciar a competir por el poder, no solo contra Ortega, sino contra las élites mismas. ¡Estas no parecen siquiera decidirse a salir de Ortega, mucho menos a aceptar la transformación democrática del país!

Y hay más: ninguno de nuestros líderes debe ampararse en el espíritu de igualdad en la lucha del movimiento autoconvocado para no definirse con claridad.  Ya sabemos que no basta maldecir públicamente a Ortega.  Sabemos que hay quienes lo hacen y secretamente buscan pactos y reparticiones electoreras.  Sabemos, repito, que la agenda de la oposición representada en la Alianza representa más la claudicación y la debilidad política de las élites económicas que las ansias intensas de libertad y democracia de la mayoría de la población. 

Por tanto, no permitamos que entre los nuestros se cuele la ambigüedad que generalmente esconde los intereses personales de los políticos.  Necesitamos saber quiénes son realmente los agentes que pueden encabezar la transformación democrática.  Necesitamos que, al igual que el pueblo en las calles ha puesto el pecho y el alma, quienes tienen en sus manos la posibilidad de conducir el país hacia una nueva era den la cara, que nos muestren su corazón y su mente, que sean –ellos mismos—ejemplo de la transparencia a que dicen aspirar para la administración de Nicaragua.

Los motivos de Almagro (¿quién escucha la voz de nuestros muertos?)

27 de junio de 2019

Es casi demasiado cierto que la unión hace la fuerza, y que hace falta mucha fuerza para extirpar a una dictadura enquistada y dispuesta a matar antes que irse.  Igual de cierto, sino más, es que para que dicha unión exista debe haber voluntad de extirpar.  Y digo, conscientemente, extirpar: “arrancar de cuajo o de raíz; acabar del todo con algo, de modo que deje de existir.”

Esa es la voluntad de la abrumadora mayoría del pueblo nicaragüense, la que sufre la ausencia de más de quinientos muertos, cerca de ochenta mil desterrados; la que quisiera que los mil desaparecidos fueran encontrados con vida, pero alberga la sospecha macabra, casi una convicción, de que muchos serán encontrados en fosas comunes, algún día; simple epílogo triste. 

Decencia, prudencia

Esto es lo que el pueblo desea, por decencia, pero también por prudencia: sabe que no es posible libertad sin democracia, y democracia sin justicia.  Y lo sabe, no porque lo ha leído en grandes tratados, sino porque ha tenido de maestro al dolor, y conoce el mal de cerca —ha convivido con él durante cuarenta años.  Después de tanto padecer, las verdades se aparecen diáfanas un día, despejan toda neblina en la conciencia, se dejan ver–a quien no cierra los ojos: ¿quién puede negar que en Nicaragua existe una dictadura terrible, que ha ocurrido un genocidio, y que los culpables arriesgan su libertad y sus riquezas si aceptan abandonar el poder? ¿quién puede negar que ya una vez ellos dialogaron, dejaron el poder formal, pidieron perdón, prometieron “corregir sus errores”? ¿quién puede negar que mentían? ¿quién puede decir que ilícitamente acumularon grandes riquezas antes de “regresar” y acumular muchas más, también de forma ilícita? ¿quién puede proponer, responsablemente, que con estos individuos puede llegarse a un “acuerdo” que permita una transición democrática incruenta? ¿quién puede creer que, sin enjuiciar a los culpables y expropiarles sus enormes y mal habidas riquezas, sin desmontar su red de sapos, sus paramilitares, sus policías, su control sobre el Ejército, pueda impedirse que “gobiernen desde abajo?

¿Quién?

Uno hace esta pregunta bajo la mirada arrogante y furiosa de gente con inmenso poder económico y acceso a los alto círculos de la diplomacia, que creen que el país es suyo y suyo es con exclusividad el derecho de representarlo.  Ha sido así desde que los criollos centroamericanos, más por inercia que por voluntad, se separaron de España en 1821, y desde que los criollos granadinos y leoneses, más por mezquindad provinciana que por haber descubierto una nueva ‘patria’ se separaron de la República Federal de Centroamérica en 1838.  

Por eso hay en nuestros pueblos poco registro y memoria histórica, y mucho hermoseamiento del camino feo que hemos recorrido.  Pero antes era menor nuestra conciencia, y más pobres los medios de expresarla. Así que hay que sacar al sol la historia oculta, la de antes y la que hoy intentan construir los descendientes de aquellos criollos del siglo XIX. Hagamos constar que sus voces no son verdaderamente representativas del sentir de la nación, y que –independientemente del desenlace de la lucha actual por la democracia, que ellos mediatizan—no pueda engañarse a las generaciones del futuro.

¿Quién?

Los voceros más visibles de la Alianza Cívica, Mario Arana Sevilla, Juan Sebastián Chamorro García, y José Pallais Arana, afirman que sus negociaciones son la clave para lograr la democratización de Nicaragua.  Hay que decir que estas negociaciones se conducen en el más oscuro secreto, o, mejor dicho, sin permitir que los nicaragüenses se enteren de lo que ocurre, hasta que los notables de ambas partes informan lo que los señores tienen a bien sobre nuestro futuro.

En esas negociaciones los representantes de la Alianza Cívica han firmado acuerdos insólitos, que aceptan reducciones de derechos por debajo de lo que la propia Constitución establece.  Los negociadores alardean de haber logrado sacar de la cárcel a la mayoría de los presos políticos, pero estos salen a una cárcel mayor, a vivir bajo el asedio constante de la dictadura y la amenaza de ser regresados al calabozo si “repiten”, es decir, si hacen uso de sus derechos ciudadanos. Dicho sea de paso, no se ve a la Alianza reclamar con fuerza que liberen a los restantes prisioneros de la lista (unos 89), ni a los que la dictadura ha venido secuestrando recientemente.  Y el silencio acerca de los aproximadamente mil desaparecidos que documenta la Asociación Nicaragüense pro-Derechos Humanos es inmoral.

Lo peor es que las negociaciones dejaron en claro que para el régimen el diálogo es poco más que un descanso en la escalera de la represión. El diálogo, en efecto, ha salvado a la dictadura, y la dictadura impera con más prepotencia hoy que cuando comenzaron las conversaciones.  Ha logrado, por el momento, apartar a los opositores más decididamente democráticos, y permite—si es que lo considera conveniente—que se sienten a la mesa solo los interlocutores que dependen de sus antiguos socios del gran capital.  Porque para nadie es secreto que la Alianza Cívica, aunque exhiba nominalmente la presencia de algún estudiante, sigue los dictados de los grandes empresarios.

El plan fatídico

Que quede constancia de todo esto, y que quede constancia de que, hasta la fecha, a fines de junio de 2019, más de catorce meses desde que la insurrección cívica fuera seguida por un genocidio, la Alianza Cívica, de la mano de los grandes capitales del país, no lucha por poner fin a la dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo, y su partido, el FSLN. 

Porque ponerle fin, extirparla, acabar del todo con ella [“de modo que deje de existir”] no es su objetivo declarado, ni es compatible con su estrategia. Lo sabemos por confesión propia de los líderes de la Alianza, por inferencia de sus acciones, y por información sobre sus maniobras. 

En contra de los deseos del pueblo, pero siguiendo las directrices de sus patrocinadores, la Alianza está dispuesta a aceptar que Ortega, Murillo y el FSLN, acusados con amplia documentación de crímenes de lesa humanidad, sean legitimados como participantes en un proceso electoral presuntamente democrático, a través del cual la Alianza espera—nos dicen– ganar control del Ejecutivo y una ‘mayoría calificada’ en la Asamblea Nacional.  La justicia por los asesinatos, torturas y desapariciones vendría “en una futura administración” según Arana, y la “mayoría calificada” que obtendría la Alianza en la Asamblea le permitiría llevar a cabo ‘reformas democráticas’.

Este escenario idílico, el de la transformación indolora de Nicaragua en Suiza, y de la epifanía del FSLN, triunfo bondadoso de la justicia universal que la “comunidad internacional” regalaría a los agobiados nicaragüenses, es la trampa más peligrosa y potencialmente cruel que pueda imaginarse para un pueblo que ha sacrificado tanto por salir de la barbarie.

A los lobos

Lo que Arana Sevilla, Pallais Arana, Aguerri Chamorro, Chamorro García, Pellas Chamorro, Zamora Llanes y resto de la élite financiera y política empujan incansablemente, es un “arreglo” que resuelva la crisis, no con la democracia por meta suprema—nunca ha sido su prioridad– sino en busca de una ‘paz de los negocios’ que en la práctica será la paz de los sepulcros para muchos, y la tumba de otra oportunidad desperdiciada para sacar al país del atraso.

Es un arreglo que protegería lo que a ellos interesa, sus intereses comerciales, sacrificando lo que al resto de los ciudadanos interesa, la libertad.  Porque incluso de libertad carecen menos que el resto de sus conciudadanos los señores de marras, ya que la injusticia en Nicaragua es tan estructural que en la practica los derechos reflejan fielmente las disparidades y los abismos entre clases.  No hace falta añadir una sílaba más para que un lector medianamente enterado y honesto asienta.

Además, es un arreglo que lanza al pueblo de Nicaragua a los lobos; que puede dejarlo en manos del sicariato por décadas, y en última instancia conducir a una nueva guerra, como tantas veces en el pasado, por la incompetencia y falta de visión de las élites.

Ya he explicado este escenario macabro en múltiples textos. Tiene su origen en que la Alianza Cívica, como interlocutora ‘oficial’ en el diálogo, abdica y abandona la exigencia de que la dictadura desaparezca, de que los genocidas sean juzgados, y más bien acepta que participen como cualquier ciudadano impoluto en elecciones ‘libres’.

Sin justicia previa, el orteguismo elige alcaldes y diputados en el nuevo gobierno, ganen o pierdan, y mantiene el control de todos sus bienes, de todos sus espías, sicarios y mandos en la Policía y el Ejército, instituciones en las que cabría esperar, a lo sumo, cambios cosméticos, “en una futura administración”. 

Ortega, Murillo, y sus secuaces, quedan entonces en condición de gobernar “desde abajo”, si precisan, lo cual con seguridad se traducirá en “asesinar desde las sombras”.  Y esta vez, como para la comunidad internacional ya habrá “pasado la crisis”, cualquier queja ante las instituciones regionales recibirá la misma simpatía que inspiran a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, los asesinados de Colombia: no deberían matarlos, por supuesto, pero los acuerdos de paz “van bien, el gobierno cumple”. 

El diablo se viste de Almagro

Dice, por cierto, don Luis, que “la excarcelación de la mayoría de los presos políticos demuestra niveles de compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada”.  El Secretario General aparenta sentirse muy confiado—políticamente hablando– en su postura amistosa hacia Ortega; tanto, que se atrevió a dedicar al dictador estos versos: “Ortega, por otro lado, teniendo muchos menos recursos, trata de resolver el tema de salud, el tema de educación; sigue tratando de resolver los temas sociales de su país”.

En otras palabras: el diálogo con Ortega funciona, el gobierno es legítimo, es ‘bueno’, hay que evitar la aplicación de la Carta Democrática que lo expulsaría del sistema interamericano.  Y como en estos menesteres no hay coincidencia, es de notar que casi simultáneamente el embajador de Estados Unidos ha resaltado que la excarcelación de los reos políticos revivió “las esperanzas de que sería posible seguir avanzando en la negociación”.  Su texto, por supuesto, es mucho más crítico del régimen que la carta de amor de Almagro.  Pero ese es el empaque, no el regalo.

Las huellas

Sin ánimo de detener la merecida lapidación de Almagro en las redes sociales, permítanme sugerir que aunque la fibra moral del Secretario no impresione, quizás deberíamos orientar nuestra furia más productivamente, en otra dirección: si seguimos las huellas del discurso del embajador, y del panegírico de Almagro, llegamos fácilmente a los pies de la Alianza Cívica.

Apenas días antes de las declaraciones de Almagro, Juan Sebastián Chamorro se preguntaba en voz alta si no habría una estrategia mejor que la aplicación de la Carta Democrática al régimen orteguista.  Y no olvidemos que antes del “compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada”, de Almagro, está el “alguna voluntad tiene el gobierno”, de Mario Arana.  Esto, sin contar con los múltiples reportes fidedignos de que miembros de la Alianza y sus patrocinadores del gran capital visitaron Washington en días recientes, buscando aminorar el paso hacia sanciones más severas contra el gobierno.  De nuevo, las palabras de Arana: “más bien hay que evitar las sanciones”.

¿Qué explica estas confluencias?

Una explicación plausible de este coro a tres voces es la terca insistencia de la élite nicaragüense, a despecho de la voluntad popular, en un proceso electoral que incluya a Ortega, Murillo y su FSLN.  Esta postura es tan difícil de defender desde el realismo político que, por mucho que traten de hacerla pasar por ‘pragmática’, se enrosca hasta estrangular la lógica de sus proponentes, y los obliga, primero a defender los ‘logros’ de la negociación, y luego a defender la ‘credibilidad’ de las promesas hechas por la dictadura.  De ahí al elogio hacia el tirano el puente es corto: basta un poco de la nostalgia ‘revolucionaria’ de Almagro, o el recuerdo dulce de sus tardes afables en El Carmen antes del estallido libertario de Abril.  En cuanto al resto del coro: para el embajador Sullivan, y en general para los diplomáticos involucrados, nada es más reconfortante, nada ansían creer con más afán, que “hablando se entiende la gente”—especialmente, la gente de los círculos de poder.  Al final se trata de burócratas, incluso cuando actúan con buena voluntad: necesitan reunirse para administrar el mundo según su raciocinio.

La gran mentira

Por tanto, es muy posible que nos equivoquemos—sopladores de cuajadas imperiales que somos—si asumimos que la Alianza hace “lo que la comunidad internacional y Estados Unidos quiere”. 

Esto es, más bien, lo que los señores de la Alianza quieren que creamos, para darle un sello de inevitabilidad a su proyecto de pacto, y para refractar la culpa si algo sale mal. 

En el fondo se trata de una lógica, y un discurso, que guarda similitudes con el de Ortega, quien hizo carrera política acusando al ‘imperio’ de cualquier estrago ocurrido bajo su mando.  Los resultados, tan terribles, deberían llevarnos a revisar y revalorar nuestra relación con el mundo a través de la historia.  Es verdad: Nicaragua es pequeña; pero es un error peligroso atribuir al juego geopolítico de las potencias la raíz de todos nuestros males.  No somos—y no son las élites—simples, inocentes, pasivas víctimas.  La realidad es mucho más compleja.  Tenemos—tienen las élites—más responsabilidad en los hechos de nuestra trágica historia.  Tenemos—tienen las élites—rutas alternativas, y opciones. 

En familia no hay engaño

Es falso, por ejemplo, que Estados Unidos necesite obsesionarse con una salida electoral que incluya a Ortega. Es falso que la OEA tenga que hacer lo mismo.  Nicaragua apenas cuenta en el interés estratégico de Estados Unidos; y, en cualquier caso, no hay razón alguna por la cual no pueda aceptar que la sociedad nicaragüense, desde los propietarios más ricos hasta el habitante más pobre, se niegue a vivir bajo un régimen genocida, y exija su renuncia o busque su derrocamiento para establecer un sistema democrático.  La dinámica de la respuesta internacional depende en gran medida de la fuerza y determinación de los nicaragüenses en lucha por su propio país.  Las metas de la Insurrección de Abril son sin duda aceptables, y hasta amables, para las naciones americanas, exceptuando el puñado de autocracias con las que, de todos modos, no se puede contar, cualquiera sea la estrategia. 

La transferencia de responsabilidad que hace la Alianza me recuerda una anécdota que contaba mi padre. Una historia de herencia, tierra y abuelo, como nuestra política.  Resulta que el mío había dejado unos terrenos en el interior del país, al norte del lago Cocibolca.  Las tierras colindaban con una propiedad de su hermano. Decía mi padre que pidió muchas veces a su tío que lo llevara a verlas, para tomar posesión, pero que siempre recibió esta respuesta: “me gustaría llevarte, pero es que hay un hombre metido en la propiedad”.  Años después, mi padre descubrió que aquel misterioso “hombre” era…su tío. 

Nuestra deuda

Por eso, insisto en que hay que recordarles a quienes dicen negociar en nuestro nombre que permitir a Ortega, a Murillo y al FSLN perpetuarse en la política a través de elecciones, y aceptar así su impunidad, no solo es una puñalada en el futuro de la nación, y un dar la espalda a las decenas de miles de exilados.  Es, por sobre todas las cosas, traicionar a estos compatriotas, hermanos nuestros, cuyas voces no pueden alzarse ya, más que a través de la nuestra y de nuestros actos: Darwin Manuel Urbina Urbina, Hilton Rafael Manzanares Alvarado, Richard Bermúdez Pavón, Álvaro Manuel Conrado Dávila, Alvis Yamíl Molina Hodgson, Carlos Alberto Bonilla López,  Erick Andrés Cubillo Solis, Gerardo Antonio Castillo Mendoza, Hammer Joel García Salinas, Harlington Raúl López García, Juan Carlos López Martínez, Marlon Manases Martínez Ramírez, Michael Humberto Cruz Sánchez, Moroni Jacob López García, Harvin Samir Solano García, Francisco Giovanny Sobalvarro Altamirano, Jairo Mauricio Hernández, José Abraham Amador, Franco Alexander Valdivia Machado, Orlando Francisco Pérez Corrales, Álvaro Alberto Gómez Navarro, Axel Yuriel Bonilla Romero, Marlon Maneses Ramírez Sandino,  Gerald Antonio Campos, Jaison Antonio Chavarría Urbina, José Adán Bone Díaz, José Luis Muñíz Cortéz, Lester Adán Vindell Picado, Lester José Flores Bracamonte, Marcos Antonio Saborio Anderson, Álvaro Gómez Montalván, Carlos Manuel Sandino Hernández, Ángel Eduardo Gahona López, Christian Emiliano Cárdenas  León, Carlos Manuel López  Monimbo, Bismarck Antonio Cuadra Castro, Celso José Díaz Sevilla, Danny Stanley Rivas, Eduardo Antonio Sánchez Flores, Francisco Javier Rodríguez Urgalín, Ismael Isaías Pérez Martínez, Ismael Josué Pérez Vílchez, Jerson Alexander Flores Medrano, Jonathan Steven Valerio López, José Daniel Sánchez López, José David Morales Pérez, Josué Rivas Yesner, Juana Francisca Aguilar Cano, Luis Alberto Muñiz, Nesker Eliezer Velásquez, Ramón Antonio Rodríguez, Richard Javier Bustamante López, Jimmy Jaime Paiz Barahona, Carlos Antonio Flores Ríos, Celso David Robles Díaz, José Daniel Sánchez García, Alfonso José Ramírez González, Roberto Carlos García Paladino, Darwin Elías Medrano Pérez, Kevin Josué Rivas González, Apolonio Delgadillo, Edwin Bismarck Gómez, Manuel Antonio Montes, Nelson Enrique Téllez Huete, Yamil Ronaldo Obregón Bustos, Elías Josué Sánchez Cuesta, José Antonio Arana Salinas, Kevin Roberto Dávila López, Jimmy José Parajón Gutiérrez, Javier Alexander Munguía Mendoza, Kevin Joel Valle Aguilar, Alejandro Estrada Vega, Carlos Alberto Miranda, César Castillo Castillo, Heriberto Antonio Rodríguez Canales, José Alfredo Leiva Chavarría, Jostán Abdel Gutiérrez Koock, Wilmer José Zúñiga García, José Israel Cuadra Aguilar, Violeta del Socorro Campos, Carlos Abel Aguilar, José Andrés Pérez, Humberto Antonio Parrales Reyes, Noel Calderón, Wilder Reyes Hernández, Henry Arauz, Erick William Espinoza Mendoza, Holman Eliezer Zeledón, José Alfredo Urroz Jirón, Ezequiel Rivera Hernández, Gilberto de los Ángeles Sánchez García, Bismark Enrique Chavarría, Benjamín Castillo Castillo, Luis Ramón Cruz Alvarado, Manuel de Jesús Chávez Ramírez, Marlon José Orozco Largaespada, Jaime José Reyes Téllez, José David Oviedo, José David Martínez Rivas, Cándida Rosa Herrera Rizo, Jorge Gastón Palacios, Keller Esteven Pérez Duarte, Alejandro Tomás Hernández Estrada, Yader Castillo, Rudy Chávez, Douglas Mendiola Viales, Gerardo Antonio Aburto, Erick Eduardo Pacheco, Heriberto Maudiel Pérez Díaz, Michael González Hernández, Orlando Daniel Aguirre Córdoba, Daniel Reyes Rivera, Fredy Josué González, Jefferson Kevin Reyes Benedi, Jorge Guerrero Rivas, Daniel García Reyes, Víctor José Valerio López, Jairo Antonio Osorio, José Manuel Quintero, Marvin Meléndez Linarte, Ruddy Antonio Hernández Almendarez, Juan Alejandro Zepeda, Marvin Meléndez Núñez, Carlos Manuel Díaz, Jonathan Morazán Meza, Darwin Alexander Salcedo Vílchez, Adolfo Enrique Castellón Arauz, Sixto Henry Vera, Donald Ariel López Áreas, Eduardo José López Mendoza, Rigoberto Carballo García, Javier Junior Gaitán Hernández, Geovanny Miguel Reyes, Carlos Evenor López Figueroa, Carlos Erick López López, Jeison Alexander Putoy, Camilo Javier Valle Martínez, Marvin Solórzano Salinas, Salvador de Jesús Arévalo, José Abraham Martínez, José Antonio Maltez Ramírez, Jahairo Antonio Espinoza, Chester Javier Chavarría, Francisco Zeas Orozco, José Casco Berrios, César Oniel López Vega, Marcos Antonio Padilla Díaz, Bismarck Badilla López  Carazo, Chris Montana, Víctor Cabrera García, Cristian Salvador Gutiérrez Arteaga, Abraham Jarquín Castro, Juan Roberto Gutiérrez Rodríguez, William Fuentes Torres, Héctor Manuel Tinoco, Noel Baldivia, Alejandro Enrique Cárcamo Gago, Marco Antonio González Briseño, Dixon Bismarck Soza Enríquez, Carlos José Zamora Martínez, Justo Jarquín, Michael Alexander López Médina, Roberto Pablo Corea Chávez, Ariel Ignacio Vivas, Marcos Gutiérrez  Jinotepe, Guillermo Méndez, Marcos Antonio Villalobos, Teodoro Ruíz, Winston Saballos, Lucas Antonio Sirias Pineda, Leopoldo Pavón Pérez, Jean Kerry Luna Gutiérrez, Ezequiel Martínez, Gilberto Urroz, Sandor Pineda Dolmus, Marlon Javier Médina Toval, Glen Mac Donald, Misurry Molina, Ulises Santiago Gogo, Wilton Cornejo Peralta, Óscar Velásquez Pavón, Maritza López, Alfredo Velásquez López, Mercedes Raudez, Daryeli Velásquez Muñoz, Matías Velásquez Muñoz, Francisco Ramón Arauz Pineda, Antonio Fernandez, Elizer Isaac Collado, Darwin Ramón Postome, Oscar Barberena, Marvin de los Santos López, Marcelo Cailagua, Edgar Guevara Portobanco, Eduardo Jessi Spiegler Szejmer, Francisco Javier Reyes Zapata, Kevin Antonio Cufi Reyes, Liliam Jaquelin Martínez, Michael Cipriano Gonzáles Hernández, Pánfila Alvarado Urbina, Jorge Castro, Lester Martínez Cubilla, Eliezer del Carmen Espinoza Aguirre, Jorge Zepeda Carrión, Cristian José Pineda, Cruz Alberto Obregón López, Dodany Castiblanco Blandón, Mauricio López Toruno, Freddy Antonio Dávila, Jackson Manuel Somarriba Vallecillo, Franklin Javier Mercado, Eddy Montes, y cientos más, a quienes con profundo respeto, admiración y gratitud añadiré a este texto en cuanto pueda completar la lista.

En su nombre, y en el de quienes la dictadura ha de asesinar si no se consigue la extirpación del orteguismo, reclamo una vez más: por decencia, por prudencia, la Alianza Cívica y los grandes empresarios deben abandonar la ruta de las componendas electoreras, y unirse a la ciudadanía en un pacto democrático.  Una unión que construya la desobediencia cívica total, noviolenta, a la dictadura, hasta desalojar de El Carmen a los usurpadores genocidas.  Solo así será posible construir la democracia y asegurarse que el holocausto de Abril no se repita nunca jamás. 

Hacia la desobediencia total: un pacto ciudadano con los empresarios

22 de junio de 2019

“Olvidémonos de ellos”, me dice un prominente opositor, “al final no les quedará más remedio que unirse”. Se refiere, por supuesto, a los más ricos empresarios de Nicaragua, a quienes multitud de voces democráticas han implorado por meses que consumen con mayor claridad su divorcio del régimen y apoyen la desobediencia civil.  La percepción generalizada es que su enorme poder económico facilitaría la asfixia financiera y política de la dictadura, a través de la desobediencia tributaria y de una diplomacia más agresiva.  “No se lanzan contra Ortega porque tienen miedo de que se haga justicia, porque están embarrados, involucrados en la corrupción, especialmente por lo de la ayuda venezolana”, dice otro.  ‘Embarrados’ repiten muchos en conversaciones privadas, y lo repite en público gente de a pie que no cuida sensibilidades ajenas por prudencia táctica.  Parece que esta es una hipótesis de aceptación muy amplia, y que acompaña a otra, más siniestra: que el gran capital no puede enfrentarse a Ortega porque quiere mantener los privilegios que este les garantizó por doce años.

¿Nos ‘olvidamos’ de ellos?

No debe detenerse la lucha del pueblo por la democracia aunque los empresarios no se integren a ella con todas sus fuerzas por la razón que sea. El enemigo que asesina, secuestra y tortura, el socio principal del cogobierno del que se acusa a los empresarios, sigue en El Carmen, comandando con impunidad a su Policía, a sus paramilitares, a su ejército, y a sus sapos.  Hay que desalojarlo del Estado, por ser fuerza usurpadora.  Hay que hacerlo lo más rápido posible, y procurar que cueste lo menos posible en vidas humanas. Para esto es preciso golpearlos con contundencia. Y para golpearlos con mayor contundencia conviene tener a los grandes empresarios de nuestro lado.

En búsqueda de ese apoyo, cabe examinar las consecuencias de las dos hipótesis arriba ofrecidas acerca del comportamiento, entre indeciso y cómplice, de estos últimos. La segunda hipótesis, de ser acertada, indicaría una inmoralidad sin medida, pero también sería indicio de una torpeza inimaginable en gente con acceso a información y asesores. El propio Ortega (Padrino traicionado o bestia herida, escoja usted) se encargará de demostrar a los empresarios que ‘todo tiempo pasado fue mejor’.  No solo porque a la racionalidad maquiavélica de la pareja de El Carmen la cala una sed enfermiza de venganza, sino porque la paz que sueñan en el COSEP, ‘la paz de los negocios’ no puede consolidarse mientras el genocidio permanezca impune. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos democráticos para borrar de las mentes empresariales el espejismo de la vuelta al redil? Todo aquello–desde charla hasta boicot–que recuerde a los grandes capitalistas que su futuro está en Nicaragua, y que será mejor con el pueblo que contra el pueblo.

Los temores del COSEP

Algunos empresarios inicialmente justificaron su comportamiento por el miedo a que, de la mano de un manojo de chavalos ‘radicales’, arribara un nuevo “19 de Julio” anticapitalista. Esta racionalización, si es que fue en algún momento sincera, no puede pesar mucho a estas alturas, ya que nadie ha planteado, ni logra imaginarse, que de la dictadura corporatista de Ortega pasemos a una dictadura totalitaria en la cual el sector privado desaparezca en manos del Estado.

Pero existe otra posible explicación para la conducta de la cúpula empresarial que pareciera más factible: el temor a que un cambio abrupto de régimen desate represalias contra ellos, por su complicidad política, y sobre todo por la sospecha, bastante extendida en la sociedad, de que se han beneficiado directamente de la corrupción del orteguismo.

En un mundo ideal, ese tipo de conducta merecería no solo sanción moral sino legal, de comprobarse, por ejemplo, rentas del flujo de la ayuda chavista, beneficios fiscales indebidos, o cualquier vínculo comercial corrupto con miembros de la tiranía.  Pero no estamos en un mundo ideal, sino en el infierno que regentan Ortega y su FSLN.  Hay que salir del infierno, y para eso, si es preciso amnistiar pecados menores—ciertamente menos graves que el genocidio y la gulaguización del país—hay que hacerlo.  Además, el acuerdo de lucha con los empresarios calzaría en la agenda de democratización que debemos acordar entre todos y que pasa por la construcción de un tejido ideológico en el cual las diferencias de opinión y los conflictos de clases se arbitren civilizadamente.

¿En qué podría consistir tal acuerdo?

En primer lugar, hay que definir el objetivo inmediato: desalojar a los usurpadores que ilegítimamente detentan el poder en Nicaragua, paso indispensable para fundar un Estado democrático.

Dada la total ilegitimidad del poder que se ejerce desde El Carmen, y de todas las instituciones bajo su mando, la única negociación que cabe es la que puede establecerse con secuestradores o atracadores de bancos cercados por la autoridad legítima, en este caso, el pueblo, soberano de la nación. 

¡Pero hay que cercarlos! Hay que hacerlos entender que su fin no está en duda, que lo único que queda por aclarar es cómo será el último acto de este horrible drama.  Hay que cercarlos a través de la desobediencia generalizada, total, pacífica, antes de que la maldad del régimen conduzca al país a una guerra.

En esta lucha noviolenta comienza la construcción del después. Los empresarios, con el resto de los ciudadanos, deben participar activamente en la construcción del Estado democrático, en el cual los derechos de todos, incluyendo el derecho a cosechar los frutos de la iniciativa económica, sean los pilares de la convivencia y de la organización del poder político.  

Claro, no basta con invocar principios abstractos, ideales patrióticos, o culpas, por muy válidas que sean, ante la realidad humana de los intereses personales y gremiales.  Esto debemos entenderlo todos.  Así como el ciudadano común necesita garantías de que toda esta lucha y todo este sacrificio no servirá nada más para que medren élites privilegiadas, nuevas o advenedizas, los empresarios necesitan garantías para sus intereses.  La ciudadanía democrática puede, razonablemente, ofrecer algunas, incluso comprometerse a ellas ante garantes internacionales.  Los tecnicismos jurídicos de un compromiso de tal naturaleza rebasan los límites de este texto, y de mi formación profesional; pero, si los políticos y diplomáticos han creído ver espacio en las doctrinas legales para que una elección incluya a candidatos acusados de genocidio, seguramente podrán encontrarlo para un pacto de renovación social entre los gremios empresariales y la ciudadanía democrática.

En ese pacto podría ofrecerse amnistía limitada para aquellos empresarios que hayan podido estar implicados en tratos corruptos con Ortega, pero sin renunciar a que se establezca una Comisión de la Verdad que rescate para la memoria histórica todo lo acontecido en este triste episodio de nuestra vida nacional.  El pacto debe establecer el compromiso de ir a una Constituyente democrática, que fundaría un Estado en el cual el derecho individual, incluyendo el de quienes emprenden negocios, sea central; una Constituyente que ponga la protección del derecho individual frente al gobierno–y el de las minorías frente al Estado, y frente a las mayorías–en el centro intocable del sistema.

Si los empresarios, en lugar de luchar por privilegios, que al final terminan esclavizándolos a la dictadura de turno, aspiran a derechos, grabados en la piedra sólida de la estabilidad democrática, deben suscribir este pacto. 

Destraben así, con el resto de los ciudadanos, el camino a la justicia, para que Nicaragua no se hunda en la guerra, para que el sicariato orteguista no se prolongue, y se detenga la destrucción de nuestro país.

Entre todos–diálogo, pacto, y lucha de clases.

16 de junio de 2019

Si es hermoso el espectáculo de un hombre que se enfrenta con coraje a enemigos poderosos, más hermoso es aún el de un pueblo en lucha contra sus propios demonios. 

Esto revolotea en mi mente al ver los reportes que documentan la llegada de los excarcelados del 10 de junio a sus ciudades y barrios. 

Jeffrey Jarquín de pie en la entrada de su casa, un local desvencijado, pobre, que se alza, sin embargo, como un templo a la dignidad y a la esperanza. La madre de Jeffrey y el resto de la familia cargan en silencio banderas de Nicaragua. Jeffrey se enfrenta al comisionado Valle, a quien extiende una mano en señal de perdón (Valle se aparta), sin dejar por eso de denunciar ante las cámaras, y frente a un grupo de unos diez soldados, que el comisionado dio la orden de torturarlo.  Le muestra sus títulos académicos, le restriega la Constitución (Valle se aparta), le advierte que la gente está cansada, lo reta a arrestarlo de nuevo (Valle se aparta). El resto de los soldados calla, ve al vacío, o hacia el suelo.  No puedo evitar la sospecha de que las palabras de Jeffrey, pronunciadas con convicción y serenidad de sabio, encuentran algún nervio en sus pechos.

Victoria Obando, la activista LGTB, a quien el Estado reconoce solo como Víctor Manuel Obando Valverde, su nombre de pila. Su nombre antes de que ella decidiera quién es, quién quiere ser, quién necesita ser.  Narra pausadamente el maltrato al que fue sometida, similar al de todos los presos, pero estampado por el prejuicio sexual. “No podrás quitarme mi identidad”, le espetó a un guardia que amenazaba con cortarle el pelo. “Nos oponemos a la amnistía, porque las madres no olvidan, y nosotros no olvidamos a nuestros compañeros”, añade.

Amaya Coppens, la joven estudiante de quinto año de medicina en la universidad de León. Fuerte y elocuente. De padre belga y madre nicaragüense, corría el rumor, antes de su excarcelación, que el régimen atropellaría sus derechos ciudadanos expulsándola del país.  No ocurrió. Ya antes habían llegado a visitarla delegados del gobierno de Bélgica que ofrecieron facilitar su salida de la cárcel a cambio de dejar Nicaragua. Amaya sintió que acogerse a ese privilegio habría sido una traición a sus compañeros. Ahora reitera su rechazo a la perversa ley de autoamnistía que la dictadura trata de legitimar con la excarcelación de Amaya y otros secuestrados. “Son ellos los que deben pedir perdón”, reclama.  Y sentencia que, aunque fuera de la prisión, no está fuera de la lucha ni es libre, porque nada ha cambiado en Nicaragua mientras la dictadura no desaparezca.

Yubrank Suazo, de Masaya, estudiante de Psicología en la Universidad Centroamericana en Managua. Vocero y protagonista de uno de los actos de rebeldía más notados de los últimos meses: la rebelión de los presos políticos en la cárcel Modelo. Utilizando un teléfono obtenido subrepticiamente, Yubrank retó a la dictadura. “Le decimos a Ortega y a Murillo: no pudieron ni podrán acallar la voz del pueblo nicaragüense, que se alza exigiendo libertad y democracia; y sobre todo, ¡justicia!”. El 10 de junio se le ve en las calles de Masaya, rodeado de una multitud que desafía el terror dictatorial para recibirlo; baila una danza tradicional, toda cadencia y ceremonia; solemne los pasos, digno el porte.

No caben el resto de los nombres aquí, aunque no dejo de pensar en don Eddy Montes, asesinado en la cárcel, ni en el carismático Edwin Carcache, ni en la enorme, potente presencia de Irlanda Jerez, ni en los valientes periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.  Tampoco cabe en este texto mi emoción por el privilegio de ver renacida la esperanza, gracias al esfuerzo de todos ellos.  El tiempo dirá qué virtudes y defectos traen a la vida pública; debemos apoyarlos tanto en la lucha contra la tiranía como en mantenerse alejados del camino que corrompe.  La tentación está ahí, cerca del poder que necesitan para empujar el carro de la libertad. 

Pero es alentador ver en todos ellos una cierta altivez sin arrogancia, y una severidad libre de odio.  Es notable esto último, porque en el pasado –el que yo conozco por mis pupilas y mis estudios– nuestros luchadores guardaban como espada sobre la mesa, al lado de cualquier motivo noble, una emoción cercana al odio, ya fuera visceral o producto de lecturas en las que ‘triunfo’ era frecuentemente sinónimo de ‘exterminio’.

Quizás sea porque a la lucha actual la cubre un bálsamo de cohesión social.  Los activistas excarcelados no regresan al seno de ninguna escuadra de militantes a rendir cuentas a su superior o a un grupo de camaradas que los reciben con protocolos ideológicos.  Regresan a sus comunidades, con su gente, incluso cuando salen del país, y regresan a sufrir y vivir con ellos el rechazo al autoritarismo, que estos días es envolvente y suprime—al menos hasta hoy—la tendencia presuntamente atávica al caudillismo. 

La cohesión social alrededor del objetivo de democracia es extraordinaria, aún en el reflujo—más aparente que real—de la protesta. Solo así se explica el éxito del paro general de fin de mayo, en contra de las maquinaciones de la dictadura y a pesar de la precariedad del liderazgo nacional, particularmente aguda en ese momento.

Para mí, angustiado estudioso, o curioso, de la historia de Nicaragua, todo esto suena como un río que baja por primera vez del monte; las primeras corrientes se abren paso, limpias, alegres, en medio de las piedras; suena, huele como a nacimiento de nación, como eso que significa un ser y un hacer ‘entre todos’.

Fe, pero con realismo.

Lamentablemente, por mucho que en el aire flote el aroma y se escuchen los sonidos que marcan el despuntar de ese ‘entre todos’, no podemos engañarnos: aún no estamos ‘todos’. Faltan algunos.

En primer lugar, falta la pequeña minoría (dicen las encuestas que son alrededor del 18%) que se siente representada, protegida o beneficiada, por la dictadura. Ya sabemos que algunos de ellos son irredimibles, que están donde están porque son parte de la claque criminal.  De la mayoría puede decirse que son –me perdonan—una especie de sanguaza social, gente que quizás no comete crímenes, pero los apaña o disimula sin remordimiento visible. Son también víctimas, y de varias maneras: víctimas crónicas de la marginación social, víctimas de la extorsión sin escrúpulos del orteguismo, víctimas incluso de la mitología sandinista que sostuvo a Ortega por mucho tiempo.  El primer grupo debe ser sentado en el banquillo de los acusados, y recibir castigo de la justicia.  El segundo no puede ni debe tratarse de la misma manera.  Y aunque es difícil, por no decir imposible, esperar que se lancen con nosotros a buscar una transición democrática, deben estar entre sus primeros beneficiarios. Especulo, porque en verdad no tengo suficientes datos, que se trata de algunos de los individuos y hogares más vulnerables del país, por pobreza y falta de educación.  Su progreso debería medir el éxito o fracaso de las políticas económicas y sociales en una Nicaragua democrática. A través de la subscripción popular de candidatos, y de los nuevos partidos que emerjan, estos ciudadanos deben ser, y deben sentirse, representados.

Otros ausentes del ‘todos’, pero en el extremo opuesto de la distribución del poder y del ingreso, son los grandes propietarios.  Hablamos aquí de un puñado de individuos y familias, una porción minúscula de la población, que sin embargo tiene un peso político desproporcionado debido a la alarmante desigualdad económica que arrastramos.  Para nadie es secreto que este grupo cogobernó con Ortega durante doce años; ni es secreto que su prioridad, antes que el establecimiento de la democracia—a la que a veces parecieran temer más que al tirano—es restaurar el ‘ambiente de negocios’. 

Viene de muy lejos en su historia este “pragmatismo”, como lo llaman ellos.  Choca, hoy en día, con la realidad.  Porque no es “pragmático” creer que un poco de repello y pintura reparan la casa después del terremoto.  Los empresarios se equivocan gravemente en su prognosis.  En lugar de marchar hacia adelante, quieren marchar hacia atrás, hacia 1990, y pactar con Ortega como se hizo entonces para acabar la guerra civil.  Ya sabemos en qué quedó todo aquello: en una sucesión de gobiernos que, unos menos, unos más, padecieron los vicios que son “normales” en Nicaragua, pero que además tuvieron que sobrevivir en constante debilidad bajo la espada de Damocles del sabotaje sandinista.  Y eso a pesar de que el FSLN salió del poder desorientado ante una realidad inesperada, sin capacidad de mantener en nómina a miles de cuadros que tuvieron que buscarse la vida, y con su mítica “revolución popular” derrotada abrumadoramente…por el pueblo. Aún así, Ortega logró cumplir su fatídica promesa de “gobernar desde abajo”. 

¿Alguien cree que sería diferente ahora? ¿Alguien puede esperar que, si pierde, Ortega permitiría que el sistema judicial hiciera justicia y expropiara los canales de televisión y los negocios de todo tipo ilegalmente en manos de su familia? ¿Alguien puede imaginar que con todos esos recursos a su disposición más su control de paramilitares, policía y ejército, Ortega permitiría que un gobierno democrático construyera un estado de derecho? ¿Alguien puede imaginar que Ortega permitiría hacer justicia por los cientos de asesinatos de los que es responsable?  Y, sobre todo: ¿alguien puede creer que de esta manera se construye la situación de paz estable a que aspiran, no solo los ciudadanos, sino los mismos empresarios?

Diálogo, pacto, y lucha de clases

Por difícil que sea (y lo es, porque la tradición pesa) es esencial hacer todo esfuerzo posible para que los grandes empresarios, miembros de una élite económica de vieja data, ayuden a completar el ‘todos’ en ‘entre todos’.  Para ello, los demás sectores necesitan adoptar una postura más beligerante, no solo ante la dictadura de El Carmen, sino ante los dictados del gran capital en la Alianza y la UNAB.  Hay que buscarle cura a la miopía de los dirigentes del sector empresarial; que entiendan que no es posible compaginar paz y pacto (en la connotación nefasta que este vocablo tiene para los nicaragüenses), que ellos mismos pueden terminar devorados por el monstruo del que tanto les cuesta separarse–irónicamente, porque temen “otro 19 de Julio”; y que, si no se busca el derrocamiento de la dictadura, si se permite que Ortega se legitime a través de elecciones sin justicia previa, podría iniciarse la cuenta regresiva hacia una guerra, como tantas veces antes.

También tenemos que hablar de lucha de clases. En gran medida, no somos un ‘todo’ político porque las distancias sociales y económicas entre nosotros son un abismo. Arrastramos cadenas de estratificación social desde la colonia, y el metal de las cadenas pesa más porque se mezcla con una aleación de prejuicios étnicos cruelmente absurdos. La mal llamada revolución sandinista, y los gobiernos posteriores, incluyendo el de Ortega desde 2007, han mantenido, si no agrandado, las divisiones.  Porque convienen, por supuesto, pero también porque no hemos tenido suficiente conciencia, imaginación, y sentido crítico. Y así hemos ido de tragedia en tragedia, de dictadura a guerra y de guerra a dictadura, de desesperación en desesperación aceptando con fatalismo el fraccionamiento destructivo de nuestra sociedad. “Después de Somoza, cualquier cosa”.  Y después del FSLN de los ochenta, igual. 

Ya basta. Es imperativo atacar de frente estas desigualdades, que no son las que naturalmente pueden convivir en el balance deseable de eficiencia, democracia y justicia. Son claramente excesivas y son un lastre para el desarrollo por muchas razones, entre ellas que se nutren, hoy en día, de prácticas monopólicas: limitan la competencia, impiden el acceso de la gente a oportunidades.  Basta.

Es de esperarse que quienes detenten la hegemonía en un sistema así tengan miedo al cambio.  Eso explica la conducta de los empresarios nicaragüenses.  Pero ellos deben entender que el cambio viene, que lo vamos a impulsar con o sin ellos, y que el cambio, aunque naturalmente implica un choque de intereses, o –para usar el lenguaje que los asusta—una lucha de clases, no tiene como objetivo la extinción de sus beneficios, ni la expropiación de sus inversiones, ni mucho menos.  La mitología marxista-leninista no tiene cabida entre los nicaragüenses que hoy, con claridad inusitada, luchan por la democracia y la justicia. Y si va a haber democratización política, la cual requiere democratización de la economía, los procedimientos serán democráticos, respetuosos por necesidad de los derechos de todos, a través de políticas consensuadas que procuren un orden democrático.  

Porque, hoy más que nunca, entendemos que es preciso “orden” en “orden democrático”.  Si la democracia, como régimen de consenso, no logra ordenar la casa, no puede sobrevivir.  Ordenar por consenso requiere derechos para todos, y es incompatible, o al menos muy difícil de conciliar por mucho tiempo, con privilegios de pocos.  Ordenar por consenso implica que tanto el ciudadano que labora como el empresario que invierte deben tener participación en el consenso y en el orden.  Cada uno debe ver sus derechos protegidos, y todos deben oponerse a los privilegios de cualquiera.  Ordenar implica organizar la cosa pública con transparencia y método, para que los recursos se usen con eficiencia. De esa manera también se controla la terrible plaga de la corrupción.  Ordenar implica que se abran los mercados laborales y que logren arbitrarse con apego a los derechos humanos los conflictos entre propietarios y empleados. Ordenar implica que el gobierno tenga su área de acción limitada a lo esencialmente público, para que el Estado respete los derechos (políticos, religiosos, sexuales, y de todo tipo) del individuo. Esto es más o menos el espíritu del mundo en el que los empresarios modernos pueden desarrollar su actividad sin que esta sea parasitaria o rentista, sino más bien de emprendimiento e innovación.  Si este es el mundo que quieren, deberían dejar atrás el miedo que no los deja enfrentarse a ese pasado que infortunadamente ayudaron a sostener, y que hoy pueden derrotar.  A ellos también puede pertenecer el futuro, pero necesitan apostar por él. 

Esto–sueño yo, quizás ingenuamente–debería ser la base de un pacto (esta vez sin estigma) entre la ciudadanía democrática y el empresariado, en la búsqueda de una estrategia beligerante, unificada, que permita erradicar al orteguismo. Yo no sé si sea posible.  Nicaragua es un barco que podría repararse, pero se hunde.  Van, unos cuantos, en primera clase, y a lo mejor podrían escapar en los escasos botes salvavidas que hay disponibles.  Pero no podrían llevarse sus joyas y tesoros.  Quizás algunos de estos encumbrados pasajeros piensen que sus inversiones en otros países son suficientes para protegerlos en el caso (probable, desde mi perspectiva) de que su apuesta temeraria por un pacto con Ortega les salga mal.  Pero son apenas unos pocos quienes pueden darse el lujo de la imprudencia.  Para el resto, solo hay un barco, y hay que enderezarlo.  No queda de otra. No se puede jugar con la vida de la gente, ni la de hoy, ni la de la generación que viene, impulsando alternativas como la de elecciones con Ortega en el poder, que anuncian más violencia, más pobreza, y más dictadura.

¿Compartir el poder con el FSLN?

13 de junio de 2019

Parte del problema de analizar la situación de Nicaragua y pensar en posibles soluciones es la diferencia radical que hay entre el FSLN y otros grupos que encabezan regímenes despóticos.

Generalmente, ocurre que organizaciones políticas autoritarias cometen crímenes en defensa de su poder; para ellas el crimen es accesorio, es herramienta de la lucha política. El caso del FSLN es cualitativamente distinto, invierte las relaciones: el crimen es su propósito fundamental, el poder político, un accesorio e instrumento.

No es a manera de insulto o diatriba, sino como un intento de buscar la verdad y de alentar el diseño de soluciones realistas, que sugiero esta interpretación: hubo un FSLN heroico y motivado por metas políticas y sueños de reforma social, pero este murió hace décadas.

Y aunque la mutación empezó mucho antes, con toda certeza a partir de 1990 es evidente: el FSLN de hoy no es el FSLN con el cual se pactó el fin de la guerra civil de los ochenta. Es un error craso confundir a los dos. El FSLN de hoy, el que realmente existe, es una organización (1) cuyas metas son criminales (2) organizada al estilo de una pandilla criminal, Padrino incluido, que (3) emplea métodos criminales con una pasión sádica en reflejo de la psicopatía de sus líderes, a quienes los miembros de la pandilla necesitan complacer; para el FSLN (5) el poder político es, ante todo y sobre todas las cosas, método de extorsión y escudo de impunidad.

Si esto es así—como al menos yo creo–no puede hablarse de estrategia política, ni de democratización, ni de ‘justicia transicional’, mucho menos de arreglos políticos o ‘acuerdos’, sin tomarse en cuenta.  

Por supuesto, la dimensión política, en el sentido esencial de “asunto de poder” está presente, como lo está también en el medio de una negociación de carteles criminales, o de la lucha de poder en una pandilla.  Pero para los ciudadanos no existen los remedios que ‘resuelven’ conflictos en una mafia: lucha a través de asesinatos o distribución de zonas, o de ‘mercados’ entre las pandillas.  Para que la nación sobreviva, no puede entregarse Medellín a Pablo Emilio Escobar y Cali a los hermanos Rodríguez Orejuela a cambio de la paz de Bogotá.  Y a eso nos enfrentamos: a un grupo criminal que se ha enquistado en el poder político nacional y ha convertido las instituciones del poder del Estado en herramientas de su empresa. 

En esa mutación las instituciones públicas como tales han cesado de existir, y con ellas deja de tener sentido todo aquello que se asienta sobre su legitimidad, cuando esta existe, como el apego al orden constitucional.  Y deja de tener sentido pensar en reconciliación y convivencia con el FSLN, como no tendría sentido para el gobierno de Estados Unidos pensar en reconciliación y convivencia con la Cosa Nostra, como no tuvo sentido para el gobierno de Colombia buscar acomodo con Escobar—ya se sabe cómo acabó la historia.  Porque al final, cuando una sociedad sucumbe ante la extorsión del crimen, el crimen termina adueñándose de la sociedad.  Los nicaragüenses en su mayoría buscan cómo evitar que esto ocurra, en lucha aparentemente desigual si se anota el encuentro en términos de voluntad destructiva, de la cual el FSLN hace gala, pero en la cual la ciudadanía posee una desproporcionada superioridad moral y política. La tiene por el impulso de la vida, que tiende a la bondad, frente a la psicopatía del adversario.  Pero también la tiene porque las metas ciudadanas son políticas, mientras que el objetivo del contrario es criminal.

Con toda seguridad habrá quienes, si se molestan en leer esta opinión, dirán que es cierto, que la dictadura es criminal, pero todas las demás lo han sido –todo tirano necesita matar para sobrevivir—y que por tanto, como en otros casos, es posible la solución ‘negociada’ en la cual ambas partes ceden y se encuentra un camino a la convivencia.  Dirán que en ese camino, poco a poco, ‘después’, construiremos la justicia, ‘entre todos’, cuando ‘todos’ incluiría—porque así es de testaruda la lógica de la realidad—a los propios efeselenistas.

A mí me da miedo pensar en la caja de Pandora que de este modo se abre.  Trato, precisamente, de argüir que la dictadura Ortega-Murillo no es como las demás.  Y si como las demás la tratamos, si cerramos los ojos ante la brutal diferencia, podemos estar condenándonos nosotros mismos y a nuestro país al destino de un ciego que se va en el abismo por no verlo.

Tampoco es el mío un llamado a la lucha armada, ni a que nadie lleve o traiga mensajes a los Ortega-Murillo.  Mi insistencia es en que debemos abandonar la ilusión de que el ‘empate’ es posible con ellos, de que la convivencia es posible con ellos, de que la democracia es posible mientras ellos y su pandilla tengan poder en la política nicaragüense, ya sea desde El Carmen, o en el tristemente célebre “gobernar desde abajo”.  No es que vaya a ser fácil, ni indoloro, pero el clan criminal que ha usurpado el Estado debe ser sometido a la justicia.  Y no porque seamos idealistas, ni puristas, ni intolerantes, ni ilusos, sino porque de ello depende de que exista al menos la posibilidad de fundar una república democrática después de doscientos años de fracaso.  La alternativa puede ser verdaderamente macabra: entregar el país a un sicariato que podría durar décadas.  El espectro de un Estado-Mafia, peor aún que el Estado-Hacienda del que ansiosamente queremos escapar, se sienta también en las negociaciones.

Lo menos que podemos hacer es estar alerta, y alertar también al mundo.  Todo el valioso esfuerzo que hacen nuestros conciudadanos en los foros internacionales para gestionar el apoyo de los países democráticos necesita informar acerca de la naturaleza intrínsecamente—no incidentalmente—criminal del FSLN.  Y entre nosotros, el objetivo de la lucha debe reflejar nuestra conciencia de este hecho:  el propósito no puede ser compartir el poder con el FSLN, en la esperanza de que estaremos en mayoría y ‘controlaremos’ la situación.  A mí me parece que, para desgracia nuestra y de nuestro país, ya ese escenario no es realista.  No es nada pragmático, ignora los hechos. 

Pero eso es lo que este ciudadano piensa, tras mucho reflexionar sobre el asunto; y por supuesto, este ciudadano, que apenas cumple con el deber de ocuparse de temas dolorosos de la familia, y de expresar con honestidad sus conclusiones, podría estar equivocado.  

¿Usted cree que lo está?

Algunas reflexiones sobre la excarcelación de nuestros secuestrados

Martes 11 de junio de 2019

Veo los videos y fotos de los presos políticos que hoy fueron excarcelados, y pienso:

1) Nunca debieron estar presos, los verdaderos criminales son sus secuestradores;

2) No sé cómo piensa cada uno de ellos, y seguramente en muchas cosas no estaré de acuerdo, pero eso no importa. Son seres humanos, y son ciudadanos; sus derechos son sagrados. La democracia no es uniformidad, sino lo contrario, es la total y hermosa diversidad humana, una cacofonía ruidosa y a veces incómoda, como los ruidos de la naturaleza cuando se libra de la tala. Cada cabeza es un mundo, y nadie tiene derecho a cercenarla.

3) Han demostrado valor, convicción, y fortaleza moral, y eso contrasta con la veleidad de los políticos de la Alianza Cívica y todos los que andan “negociando”, en secreto, pactos peligrosos para la gente, como el de “elecciones” CON Ortega;

4) Con todo el respeto y simpatía que podamos tener hacia ellos por su comportamiento ejemplar, por respeto y amor hacia ellos, debemos ayudarles, no solo a triunfar en su justa causa, sino a no caer en la tentación que nos acecha a todos: no los enfermemos, no los adulemos, estemos preparados para criticarlos si nos parece que van mal; no los endiosemos; apoyémoslos solo en la medida racional, en la medida en que convenga a la causa de la justicia, la libertad y la democracia, en la medida en que actúen como hasta hoy lo han hecho, y con la misma integridad; nunca olvidemos que en democracia un líder político no es un jefe, sino un servidor. No olvidemos NUNCA que el poder es un veneno, y que ellos ya tienen algún poder y pueden (deben) llegar a tener más. Que no nos vuelva a ocurrir que una cara dulce, un gesto de heroísmo, el carisma de un líder o una narrativa heroica se convierta en una pesadilla nacional. No olvidemos que “los muchachos” del FSLN se volvieron opresores, y algunos de ellos asesinos.

5) Hay que celebrar que fueron excarcelados, pero recordar que no están libres, que están bajo amenaza.

6) No hay que permitir que los pactistas aprovechen maquiavélicamente las maniobras maquiavélicas de la dictadura. Maquiavélico es precisamente el proceder de Ortega-Murillo, aunque parezca producto de la locura: Maquiavelo recomendaba al Príncipe (al dictador) asestar el dolor de manera concentrada y brutal, de una vez, contra sus enemigos (el pueblo), pero repartir sus concesiones con cuentagotas, porque en ambos casos–parafraseo al autor italiano– “la gente olvida”. Exactamente el patrón de conducta de los de El Carmen. Y “la gente olvida” parece ser el eslogan de los políticos nicaragüenses, incluyendo los que–como empleados del gran capital–controlan la Alianza. ¡Que no crean que pueden aprovecharse, sin que notemos, del momento de euforia que produce la excarcelación de nuestros presos!

7) Exijamos que la Alianza deje de buscar la moderación, suspensión o posposición de las sanciones contra la dictadura, bajo cualquier excusa; porque es excusa, y no razón, cuando no hay derechos democráticos, ni mucho menos justicia.

8) Exijamos que la Alianza y la UNAB abran, o mejor dicho, cedan, o mejor dicho DEVUELVAN sus espacios a los excarcelados. Seamos claros y honestos: Chano Aguerri, Mario Arana y José Pallais no representan la insurrección cívica de Abril. Aguerri negociando “contra” Ortega es casi ‘Aguerri negociando contra Aguerri’. Atol con el dedo, no.

9) Los excarcelados han salido de las prisiones altivos y desafiantes. Su coraje es ejemplar, motiva. Nos llena de orgullo. Nos da esperanza. Por algo el régimen les teme. Nadie puede mejor que ellos encabezar el retorno de la gente a la lucha noviolenta. ¿No creen, gente de la Unidad Nacional Azul y Blanco?

¿Qué haría la Alianza si Ortega cerrara Casa Pellas?

1 de Junio de 2019

En la primera plana de El Nuevo Diario, Mario Arana pide que los dueños de negocios que han sido ilegalmente cerrados por apoyar al paro “reporten a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y/o al representante del Secretario General de la OEA”. Añade que “se llevará un registro de todas estas ‘anomalías’ porque son una violación a los derechos de los nicaragüenses y develan la hipocresía de este régimen”. Además, dice “SI NO CON ESTA ADMINISTRACIÓN, una futura administración deberá REPARAR ESTAS ANOMALÍAS”.

La verdad, no sé ni por dónde empezar. Pero a riesgo de que Mario reclame una vez más de que uno se quiere “hacer famoso a costa suya”, no puedo dejar de comentar estas declaraciones, que me parecen atroces, escandalosas, un ejemplo del porqué mucha gente dice lo que dice de los empresarios, y de su Alianza.

En primer lugar, el tono y el lenguaje. Uno se pregunta hasta dónde es inocencia lingüistica, y como no soy neurocientífico, tampoco sé si esa inocencia oculta o revela. Lo que sí es indudable, porque las palabras son lo que son, es que el lenguaje del presidente de Amcham, y notable protagonista de las “negociaciones” con Ortega, minimiza la gravedad del insólito, anticonstitucional procedimiento, fuera de toda jurisdicción de cualquier gobierno en cualquier nación civilizada, de “castigar” a un comerciante privándolo de su medio de vida, por el hecho de no abrir su establecimiento un día, sea por la razón que fuere. “Anomalías”, les llama, como si se tratara de un error técnico, una falla del manual, tal vez un “problema de comunicación”.

En segundo lugar, el diagnóstico político. Habla de la dictadura como si fuera legítima “administración” del Estado, en el lenguaje de la rutina institucional que se emplea en países de sucesión democrática. Peor aún, no descarta que “esta administración”, o sea, los mismos que han cometido el atropello, “reparen”, las “anomalías” [“Si no con esta administración…”]. Uno también se pregunta, ante tan manso discurso: ¿Qué sería para Mario Arana “reparar” la “anomalía?. Porque no expresa siquiera una exigencia de detención, menos aún reversión, de las “anomalías”. Mucho menos, por supuesto, compensación por los daños y castigo a los culpables. ¿Para qué, si “una futura administración” lo haría, en caso (¡en caso!) de que “esta administración” no lo hiciera.

En tercer lugar, hay algo todavía más grave y que hay que resaltar, porque es preciso abrir los ojos muy claro y dejar de pensar que vamos “todos unidos” en la lucha contra la dictadura. Se lo preguntaré directamente a Mario, pidiéndole que por respeto a Nicaragua no se escude en una actitud de indignación personal ante mi ‘atrevimiento’: ¿Si la dictadura estuviera cerrando Casa Pellas, o uno de los negocios principales de AMCHAM, les dirías “hablen con la OEA, registren su queja, para que una futura administración repare la anomalía?” ¿Harías eso? Llamame cínico o divisionista, pero creo [y dudo que esto sea de dudar para nadie] que estarían, vos y tu organización, junto con el COSEP, y la Alianza toda, en pie de lucha, probablemente llamando a acciones contundentes en defensa del “interés nacional”.

Soy todo oídos.

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