Hacia la desobediencia total: un pacto ciudadano con los empresarios

22 de junio de 2019

“Olvidémonos de ellos”, me dice un prominente opositor, “al final no les quedará más remedio que unirse”. Se refiere, por supuesto, a los más ricos empresarios de Nicaragua, a quienes multitud de voces democráticas han implorado por meses que consumen con mayor claridad su divorcio del régimen y apoyen la desobediencia civil.  La percepción generalizada es que su enorme poder económico facilitaría la asfixia financiera y política de la dictadura, a través de la desobediencia tributaria y de una diplomacia más agresiva.  “No se lanzan contra Ortega porque tienen miedo de que se haga justicia, porque están embarrados, involucrados en la corrupción, especialmente por lo de la ayuda venezolana”, dice otro.  ‘Embarrados’ repiten muchos en conversaciones privadas, y lo repite en público gente de a pie que no cuida sensibilidades ajenas por prudencia táctica.  Parece que esta es una hipótesis de aceptación muy amplia, y que acompaña a otra, más siniestra: que el gran capital no puede enfrentarse a Ortega porque quiere mantener los privilegios que este les garantizó por doce años.

¿Nos ‘olvidamos’ de ellos?

No debe detenerse la lucha del pueblo por la democracia aunque los empresarios no se integren a ella con todas sus fuerzas por la razón que sea. El enemigo que asesina, secuestra y tortura, el socio principal del cogobierno del que se acusa a los empresarios, sigue en El Carmen, comandando con impunidad a su Policía, a sus paramilitares, a su ejército, y a sus sapos.  Hay que desalojarlo del Estado, por ser fuerza usurpadora.  Hay que hacerlo lo más rápido posible, y procurar que cueste lo menos posible en vidas humanas. Para esto es preciso golpearlos con contundencia. Y para golpearlos con mayor contundencia conviene tener a los grandes empresarios de nuestro lado.

En búsqueda de ese apoyo, cabe examinar las consecuencias de las dos hipótesis arriba ofrecidas acerca del comportamiento, entre indeciso y cómplice, de estos últimos. La segunda hipótesis, de ser acertada, indicaría una inmoralidad sin medida, pero también sería indicio de una torpeza inimaginable en gente con acceso a información y asesores. El propio Ortega (Padrino traicionado o bestia herida, escoja usted) se encargará de demostrar a los empresarios que ‘todo tiempo pasado fue mejor’.  No solo porque a la racionalidad maquiavélica de la pareja de El Carmen la cala una sed enfermiza de venganza, sino porque la paz que sueñan en el COSEP, ‘la paz de los negocios’ no puede consolidarse mientras el genocidio permanezca impune. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos democráticos para borrar de las mentes empresariales el espejismo de la vuelta al redil? Todo aquello–desde charla hasta boicot–que recuerde a los grandes capitalistas que su futuro está en Nicaragua, y que será mejor con el pueblo que contra el pueblo.

Los temores del COSEP

Algunos empresarios inicialmente justificaron su comportamiento por el miedo a que, de la mano de un manojo de chavalos ‘radicales’, arribara un nuevo “19 de Julio” anticapitalista. Esta racionalización, si es que fue en algún momento sincera, no puede pesar mucho a estas alturas, ya que nadie ha planteado, ni logra imaginarse, que de la dictadura corporatista de Ortega pasemos a una dictadura totalitaria en la cual el sector privado desaparezca en manos del Estado.

Pero existe otra posible explicación para la conducta de la cúpula empresarial que pareciera más factible: el temor a que un cambio abrupto de régimen desate represalias contra ellos, por su complicidad política, y sobre todo por la sospecha, bastante extendida en la sociedad, de que se han beneficiado directamente de la corrupción del orteguismo.

En un mundo ideal, ese tipo de conducta merecería no solo sanción moral sino legal, de comprobarse, por ejemplo, rentas del flujo de la ayuda chavista, beneficios fiscales indebidos, o cualquier vínculo comercial corrupto con miembros de la tiranía.  Pero no estamos en un mundo ideal, sino en el infierno que regentan Ortega y su FSLN.  Hay que salir del infierno, y para eso, si es preciso amnistiar pecados menores—ciertamente menos graves que el genocidio y la gulaguización del país—hay que hacerlo.  Además, el acuerdo de lucha con los empresarios calzaría en la agenda de democratización que debemos acordar entre todos y que pasa por la construcción de un tejido ideológico en el cual las diferencias de opinión y los conflictos de clases se arbitren civilizadamente.

¿En qué podría consistir tal acuerdo?

En primer lugar, hay que definir el objetivo inmediato: desalojar a los usurpadores que ilegítimamente detentan el poder en Nicaragua, paso indispensable para fundar un Estado democrático.

Dada la total ilegitimidad del poder que se ejerce desde El Carmen, y de todas las instituciones bajo su mando, la única negociación que cabe es la que puede establecerse con secuestradores o atracadores de bancos cercados por la autoridad legítima, en este caso, el pueblo, soberano de la nación. 

¡Pero hay que cercarlos! Hay que hacerlos entender que su fin no está en duda, que lo único que queda por aclarar es cómo será el último acto de este horrible drama.  Hay que cercarlos a través de la desobediencia generalizada, total, pacífica, antes de que la maldad del régimen conduzca al país a una guerra.

En esta lucha noviolenta comienza la construcción del después. Los empresarios, con el resto de los ciudadanos, deben participar activamente en la construcción del Estado democrático, en el cual los derechos de todos, incluyendo el derecho a cosechar los frutos de la iniciativa económica, sean los pilares de la convivencia y de la organización del poder político.  

Claro, no basta con invocar principios abstractos, ideales patrióticos, o culpas, por muy válidas que sean, ante la realidad humana de los intereses personales y gremiales.  Esto debemos entenderlo todos.  Así como el ciudadano común necesita garantías de que toda esta lucha y todo este sacrificio no servirá nada más para que medren élites privilegiadas, nuevas o advenedizas, los empresarios necesitan garantías para sus intereses.  La ciudadanía democrática puede, razonablemente, ofrecer algunas, incluso comprometerse a ellas ante garantes internacionales.  Los tecnicismos jurídicos de un compromiso de tal naturaleza rebasan los límites de este texto, y de mi formación profesional; pero, si los políticos y diplomáticos han creído ver espacio en las doctrinas legales para que una elección incluya a candidatos acusados de genocidio, seguramente podrán encontrarlo para un pacto de renovación social entre los gremios empresariales y la ciudadanía democrática.

En ese pacto podría ofrecerse amnistía limitada para aquellos empresarios que hayan podido estar implicados en tratos corruptos con Ortega, pero sin renunciar a que se establezca una Comisión de la Verdad que rescate para la memoria histórica todo lo acontecido en este triste episodio de nuestra vida nacional.  El pacto debe establecer el compromiso de ir a una Constituyente democrática, que fundaría un Estado en el cual el derecho individual, incluyendo el de quienes emprenden negocios, sea central; una Constituyente que ponga la protección del derecho individual frente al gobierno–y el de las minorías frente al Estado, y frente a las mayorías–en el centro intocable del sistema.

Si los empresarios, en lugar de luchar por privilegios, que al final terminan esclavizándolos a la dictadura de turno, aspiran a derechos, grabados en la piedra sólida de la estabilidad democrática, deben suscribir este pacto. 

Destraben así, con el resto de los ciudadanos, el camino a la justicia, para que Nicaragua no se hunda en la guerra, para que el sicariato orteguista no se prolongue, y se detenga la destrucción de nuestro país.

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