¿Amnistía a cambio de renuncia? Algunas repercusiones del caso Solís

13 de Enero, 2019

Tras la renuncia del magistrado Solís, quien fuera figura clave en la construcción de la dictadura Ortega-Murillo, y en vista de la aparente utilidad propagandística de tal deserción para el campo democrático, ha comenzado un debate acerca de si debe darse a otros desertores la garantía que un comentarista certeramente etiquetó, en una encuesta informal, como “protección y amnistía”.

Pienso que no.

En primer lugar, porque en vista de las circunstancias internacionales que enfrentan los desertores, no hace falta–y en algunos casos no es posible—conceder una amnistía generalizada.

Es cierto que bajo ciertas condiciones, desertores y delatores pueden recibir un trato generoso a cambio de su colaboración con el sistema judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, un matón de la mafia que delate a sus jefes, y contribuya claramente a que sus jefes vayan a la cárcel, puede ser incluido en un programa especial de protección, donde recibe el equivalente a amnistía y sale en libertad; pero lo pierde todo, hasta su nombre, amigos y parientes, y antes de recibir clemencia tiene, no solo que renunciar, sino que denunciar.

En el caso de la organización criminal que usurpa el poder en Nicaragua, dudo que ese tipo de tratos sea practicable, y no creo que pueda justificarse ética y legalmente. Es más, el perdón y amnistía que recibe el mafioso se otorga cuando ya al delator solo le queda su propia vida por resguardar. Esa medida extrema–proteger al asesino de la venganza de sus jefes–no hará falta en Nicaragua, porque la organización criminal de la que proceden los delatores, la mafia de El Carmen, perderá en su momento toda capacidad de hacerles daño: desaparecerá.

Por tanto:

¿Protección? No solo para los desertores/delatores, sino para todos los ciudadanos. Se llama «debido proceso«. Nada de linchamientos, ni juicios amañados, ni venganzas, ni torturas, ni penas en exceso de lo que la ley exige. No más expropiaciones sin establecer claramente el origen ilícito de las propiedades. Ni siquiera hay que asumir que todos los empleados públicos de alto nivel tienen cuentas pendientes con la ley. Toda acusación debe investigarse con seriedad, exhaustivamente. Porque una cosa es que puedan tener una deuda moral, que por su conveniencia o comodidad hayan aceptado puestos de privilegio, y otra es que hayan cometido crímenes. Debería haber sanción social, y es esencial que haya castigo político [¡ni un voto para ellos, ni un puesto de responsabilidad pública!], pero el sistema judicial debe penar únicamente crímenes, tal y como están definidos en las leyes nacionales e internacionales.

¿Amnistía? Por mi parte, un rotundo “No”. Sin embargo, un juez como los que deben formar el nuevo poder judicial debe tomar en cuenta, a favor del acusado, la medida en la que este haya colaborado con la justicia. Sin embargo, esta lenidad puede otorgarse a delatores acusados de participar en el aparato político del estado represor–algunos quizás «atrapados» en un tren en marcha al que se montaron por oportunismo–pero no debe nunca concederse a quienes dan las ordenes de represión violenta o las ejecutan. Amnistiar a estos últimos es, aparte de inmoral, irresponsable, porque se trata de personas que evidentemente–lo han demostrado—son un peligro para la sociedad. De todos modos, lo más probable es que no sean ellos quienes apuesten a «renuncia/denuncia» para salvar el pellejo.