¡Disparen!

8 de Mayo de 2019

El Sr. Héctor Mairena, periodista, acaba de publicar una nota con el provocativo título de “¡Disparen a la Alianza!”.  Antes de entrar en tema, dos breves apuntes.  Uno es que el artículo es más bien un llamado a que cesen las críticas a la Alianza Cívica, que han aumentado exponencialmente en los últimos tiempos.  El otro es que ignoro si la postura expuesta por el Sr. Mairena representa oficialmente la del partido al que dice pertenecer, el MRS. Sería interesante esta aclaración.  A los ojos de alguien que vive fuera de palacio, como yo, dicho partido parece en ocasiones estar con y contra; declaraciones recientes de algunos de sus voceros más conocidos sugieren mayor, no menor, cercanía al proceso de diálogo liderado por la Alianza.

¿El fin de la Alianza?

Regresando al artículo, el S.O.S. o bandera blanca a favor de la Alianza ocurre en momentos que podrían ser definitivos y definitorios para el grupo.  A medida que se acerca el plazo de las diferentes sanciones internacionales programadas contra el régimen orteguista, emerge con mayor claridad el muro que separa la propuesta de salida negociada con la realidad, y se hace evidente que la Alianza, atrapada entre una enorme presión ciudadana y la intransigencia del régimen, parece descubrir lo que sus críticos han advertido repetidamente: la transacción que permitiría un “aterrizaje suave”, una transición conversada hacia la democracia no existe. Y si esta posibilidad desaparece, la Alianza pierde su razón de ser.

Mercadotecnia versus análisis

Con esas circunstancias de trasfondo, el artículo del Sr. Mairena merece atención, por representar, no solo una postura táctica, defensiva de la Alianza, sino por esconder una de las tradiciones, y visiones del futuro, que están en juego en el conflicto. 

Empecemos por la forma.  “No disparen a la Alianza, que no es el blanco”, es una frase de corte mercadotécnico; busca antropomorfizar a una institución cuya imagen pública ha caído considerablemente, y cuyo perfil la población asocia con creciente desagrado al de “grandes empresarios”, o peor aún, el de “políticos pactistas”.  La idea es, por consiguiente, reemplazar dicho perfil por el de “esforzados ciudadanos” que sufren la ingratitud del pueblo por el cual se arriesgan en una lucha del bien contra el mal.  De ahí la insistencia en que “Ortega es el verdadero enemigo”, es decir, el único. 

Pero esta aseveración es falsa. Ortega no es el único enemigo.  Hay toda una estructura de poder que bloquea el camino de los ciudadanos a la libertad y a la democracia. En la construcción de esa estructura participaron activamente y para su exclusivo beneficio “los señores banqueros”, para usar la frase de Monseñor Mata. 

Durante más de una década, la manifestación política de su poder fue el cogobierno entre Ortega y los grandes empresarios, hasta que en abril de 2018 la insurrección cívica empujó a estos últimos a distanciarse públicamente del régimen. A pesar del ceremonial de divorcio, la evidencia sugiere que los señores banqueros han buscado apenas suficiente distancia para proteger sus intereses ante un inminente colapso político, pero no la necesaria para abrazar sin ambages las metas ciudadanas de libertad, democracia, y justicia.  Su propaganda, por supuesto, lo niega.  A los escépticos, quisiera preguntarles: siendo la complicidad empresarial con la dictadura de tan vieja data y tan incuestionablemente documentada, ¿es mucho pedir que gente con un historial democrático más limpio represente a la ciudadanía? ¿Es creíble la afirmación del Sr. Mairena de que da igual quiénes se sienten a la mesa de negociaciones? ¿No es de elemental prudencia no dar a los zorros la llave del gallinero?

La cortina de humo

Negociar, por supuesto, no es pecado mortal, si se negocia con firmeza y se cede únicamente aquello que éticamente es permisible ceder; si se negocia en buena fe, es decir, sin sacrificar los intereses de la mayoría para rescatar los de unos pocos. Este es un problema fundamental para la Alianza: ha firmado acuerdos con la dictadura que, en lugar de restaurar el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos, reconoce por escrito menos derechos que los que incluye la constitución. En el proceso, o a cambio de él, ha abandonado la lucha no violenta, inclinando así la correlación de fuerzas a favor de la dictadura.  Incluso, en el ámbito internacional, la Alianza dificultó hasta hace poco la campaña por aplicar sanciones al régimen, al crear la impresión de que el diálogo podría estar avanzando en dirección a una salida negociada.  En ambos casos la estrategia de la Alianza ha construido una cortina de humo tras la cual los grandes empresarios han podido esconder su pasividad ante el régimen y justificar su renuencia a atender los llamados a unirse a la lucha que gran parte de la población les ha hecho.  En el fondo, la cortina de humo encubre los esfuerzos del alto empresariado, de los señores banqueros, para contener la lucha de grupos sociales de los que desconfían, y por hacer que su prioridad (estabilidad económica con beneficios) se imponga sobre la prioridad social (justicia y democracia).

El baile de máscaras

Con mucha frecuencia, las cortinas de humo funcionan bastante bien.  Para desgracia nuestra, son parte integral de la lucha política nicaragüense.  En Nicaragua, encubren una farsa que transcurre en dos niveles.  En uno, los prestidigitadores y tránsfugas que sirven a los intereses de los amos del país.  En otro, en casi inexpugnable privacidad, los amos se juntan para conspirar, libran sus batallas, firman sus pactos. 

El actual proceso de diálogo es un ejemplo clásico de esa doble realidad, de la mentira estructural en la política nica.  El proceso estuvo a punto de escapar del molde cuando, bajo una presión social sin precedente, se obligó a la dictadura a enfrentar a una representación popular amplia, aunque escogida por la Iglesia, y a hacerlo en público, ante las cámaras.  Muy rápidamente lograron las élites revertir la forma hacia el ambiente controlado que mejor manejan: el salón secreto, las reuniones no anunciadas al público, entre un reducido número de agentes de las facciones en pugna (o empujadas a la pugna por la crisis). 

A partir de ahí, han vuelto a jugar bajo sus viejas reglas, sin el menor escrúpulo, al punto de que actores que sufren este “padecimiento” ético, como la Conferencia Episcopal, decidieron pudorosamente apartarse.  Para otros, ha habido diferentes formas de exclusión, desde cárcel y exilio hasta relegación a suplencia.  Y para el público en general, el llamado a la “fe”, la propaganda constante advirtiendo que la Alianza y la delegación del gobierno, es decir, los agentes de una y otra facción de las élites, de alguna manera representan a la nación en la búsqueda de una salida pacífica a la crisis.  Esto es lo que escuchan los seguidores de Ortega, con la respectiva demonización de los partidarios de la Alianza, y los partidarios de la Alianza, con la respectiva demonización, no solo de los partidarios de Ortega, sino de todo aquel “radical” que se atreva a cuestionar las directrices que en última instancia provienen de los grandes empresarios.

Nada de esto es especulación.  Si en algo se han equivocado los políticos de viejo cuño y sus patronos, es en ignorar que la sociedad nicaragüense atraviesa un momento de hastío y despertar, y que las tecnologías modernas ayudan a que se investigue, filtre y distribuya ampliamente la realidad que ocultan.  Así es que el pueblo sabe de las agendas y reuniones paralelas, sabe y reacciona ante la mendacidad de las élites.  Así es que hemos llegado hasta la actual situación, en la que los restos de la Alianza—que no es, de ninguna manera, la Alianza original, sino un puñado de selectos por “los señores banqueros”—resiste hasta el último momento dar por terminada la farsa del Diálogo 2.0.

Y sin embargo, colapsa

Pero, aunque no quieran, es muy probable que no tengan más remedio que hacerlo.  El equipo de negociación de la Alianza no está en capacidad de lidiar con la estrategia extrema de Ortega. Carecen del apoyo de sus organizadores (el alto empresariado) para dar voz a las demandas que el pueblo exige.  Pero lo más importante es que carecen de opciones legítimas de negociación, porque no hay nada que puedan ofrecer a Ortega que sea suficiente para que este baje del poder, a menos que sea una nueva oportunidad de gobernar desde abajo, oportunidad que involucra necesariamente impunidad, lo cual en las presente circunstancias equivaldría a un suicidio político.  Y esto, asumiendo que el delirio de poder de la familia genocida amaine y en un momento de lucidez acepten negociar su salida pacífica del atolladero.  Desafortunadamente no hay señal de que este escenario esté cerca, lo cual augura aún más dolor para Nicaragua, antes de que pueda avanzarse hacia la democracia.

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El “Adultismo”, el Poder, y la “Alianza Cívica”

22 de abril de 2019

Que los cimientos de la tradición autoritaria en Nicaragua se fracturan es felizmente puesto de manifiesto, tanto por la crítica de muchos jóvenes a lo que ellos llaman adultismo, como por la agresiva aunque casi siempre soterrada respuesta que reciben (salvo excepciones odiosas cuyos nombres no tendrán pedestal en este escrito) de ciertos veteranos de la política.

No es que exista una asociación rigurosa entre pertenecer al cohorte de la “revolución” de los años ochenta y ser responsable del engendro monstruoso que habita El Carmen.  En aquellos años también hubo muchas víctimas, se cometieron abusos atroces, hubo gente íntegra, y hubo una exitosa campaña para borrarlos del mapa político y extirparlos de la memoria del país.  Revisar la historia oficial y la mitología heroica de los ochenta es tarea imprescindible, si se quiere ir al futuro con los ojos abiertos y estar mejor preparado ante las trampas del poder. No se trata apenas de un ejercicio académico.

Y aunque la mira de los chavalos no pegue exactamente en el blanco (la niebla del combate es así), tampoco anda muy desorientada.  Ellos ven, como vemos todos, a un buen número de adultos que una vez se llamaron a sí mismos revolucionarios sandinistas, plegarse cómodamente al poder de las viejas élites de la Alianza.  Los ven, como los vemos todos, caer en el ridículo una y otra vez, al justificar un “diálogo” que no libera un solo preso, no respeta un solo derecho humano, y cuyos “triunfos” miden por acuerdos insólitos, vergonzosos, en los que sus “negociadores” entregan, a cambio de nada, derechos que son inalienables, y cuyo respeto ya es promesa en la Constitución.  

Los chavalos ven, como vemos todos, que los adultos de marras se cubren los flancos y las huellas, que cierran filas y censuran, que descalifican a quienes no siguen la línea del partido, el eslogan de su clan.  Como han hecho siempre.  Porque ellos vienen de lo más lítico de la tradición autoritaria nicaragüense, la que adoptó el credo leninista como declaración de virtud y manual de comportamiento.  ¡Dirección general ordene!, parecieran gritar.  Como dije antes, no voy a dar nombres, pero seguramente no hará falta.  Solo añadiré que ellos (o diré, esta vez: “ellos y ellas”) se han vuelto un obstáculo en la lucha contra la dictadura de Ortega.  Podrían estar escribiendo un capítulo digno en sus ya largas vidas, en lugar de hacer el papelón de antiguos, de rancios y coléricos segundones que han aceptado interpretar. 

Porque a estas alturas, hay que decirlo claramente: la Alianza a la que obcecadamente apoyan no representa las esperanzas de cambio de la nación.  La Alianza está dominada, y muy ampliamente, por intereses de quienes se sienten más adultos que el resto de los ciudadanos: los vetustos propietarios del COSEP y los vetustos exrevolucionarios. Permítanme citar cuatro razones para esta afirmación.  Hay más, pero creo que con estas basta y sobra:

La Alianza Cívica no busca el fin de la dictadura orteguista.  Esto no es especulación, ni es secreto.  La Alianza está dispuesta a aceptar un acuerdo en el cual Ortega permanezca en Nicaragua, y juegue todavía un papel político en su futuro.

La Alianza Cívica no busca que Ortega, Murillo y sus sicarios sean sometidos a la justicia. ¿Para qué, si eso haría imposible cualquier “acuerdo” con la dictadura? 

La Alianza Cívica no busca que la comunidad internacional aplique sanciones a Ortega. Todo lo contrario, buscan que las sanciones prometidas por EEUU y Europa no se hagan realidad.  No quieren más “pérdidas”.

La Alianza Cívica no busca que se libere de inmediato a todos los presos políticos. ¿Para qué, si no conviene al diálogo? Y el diálogo con la dictadura es su prioridad.  Si nuestros Medardos, Lucías, Amayas y Migueles tienen que seguir presos mientras se construyen “acuerdos”, así sea.  De todos modos, ellos no son miembros de ninguno de los clanes que se reúnen en INCAE. Son más bien incómodos “estorbos”.

Estorbos, como los chavalos que valientemente retan a la dictadura, y cuestionan—como debe cuestionar todo el mundo—con libertad de errar o acertar, pero con honestidad y pasión.  

No hay igualdad sin libertad, no hay libertad sin igualdad.

26 de Enero, 2019

Entre quienes se aferran a los autoritarismos de la “izquierda” una defensa favorita consiste en demonizar a sus contrarios como oligarcas, o elitistas indiferentes ante las enormes brechas sociales y económicas que tajan las sociedades iberoamericanas. Enfrente tienen a quienes, en nombre de un supuesto “liberalismo” o “neoliberalismo”, borran de la agenda del Estado democrático la meta de reducir las distancia sociales y económicas entre los ciudadanos.

Ambas nociones subrayan la pobreza intelectual del debate en nuestro medio, y en verdad dicen más del creyente que del santo: para la “izquierda”, porque ha sido incapaz, desde la catástrofe de los proyectos comunistas en la antigua Unión Soviética y Cuba, de presentar un programa que convenza en positivo; para la “derecha” “liberal” o “neoliberal”, porque se trata apenas de un barniz muy flaco con que intentan cubrir la inacción quienes buscan proteger sus privilegios, sin pensar ni muy largo ni muy ancho en el futuro.

Porque en verdad no hay necesariamente una contradicción entre aspirar a la libertad política y aspirar a la equidad social y económica. Todo lo contrario. A pesar de las diferencias aparentes, somos iguales en esto: nacemos con la capacidad, y por lo tanto el derecho, de no ser súbditos, de no tener más sujeción a los demás que los demás a nosotros, de ejercer nuestra capacidad de ser libres sin que los demás nos la limiten más de lo que nosotros limitamos la suya en el pacto de reciprocidad que hace falta para la convivencia de todos.

Por eso, porque lo que nos hace iguales es ser por naturaleza libres, proteger la libertad es proteger la igualdad: las dos causas son inseparables. No en vano el conflicto de Nicaragua ha puesto al desnudo nuestra doble derrota: una carencia crónica de libertad y una herida honda de desigualdad. Derrota doble que es en realidad un solo fracaso, el fracaso de construir un Estado democrático. De ahí que sea imprescindible, para poner fin a nuestros ciclos perversos de violencia y miseria, proceder a construir dicho Estado.

El paso inevitable: Constituyente democrática y referéndum.
Todo ser humano, en tanto que miembro de la sociedad, debe tener voz y voto en la estructura del poder político: en la construcción, y en la eventual reforma y reemplazo, de la dimensión legal de aquello que Rousseau llamó “contrato social”: la Constitución.

Para Nicaragua, esto implica que no puede haber libertad sin una nueva constitución, una constitución democrática; y no puede haber constitución democrática sin que el proceso mismo de la constituyente sea democrático.

Un proceso que podría resumirse en dos grandes pasos:

(1) Elección, en sufragio universal y libre, de representantes que preparen y propongan un proyecto de Constitución;

(2) Referéndum, en el que los ciudadanos aprueben o veten el proyecto.

Conviene, para asegurar la mayor libertad posible, que no se apruebe ningún proyecto de Constitución a menos que voten a favor de él dos tercios del electorado, o más.

Conviene, para que la constitución no sea un corolario del poder, sino su fundamento y límite, que se establezca una regla similar para reformas constitucionales: toda reforma debe ser aprobada en referéndum; ninguna debe ser aprobada a menos que voten a favor dos tercios del electorado, o más.

Constitución democrática: lo esencial.
No basta que el proceso constituyente sea democrático. Es esencial cuidar que el contenido de la Constitución lo sea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la nueva Carta Magna debe estructurar el poder del Estado de manera tal que guarde la libertad del individuo ante las innumerables e inevitables amenazas que surgen en la selva humana.

El nuevo orden necesita satisfacer al menos dos requisitos:

Uno es no obligar al ciudadano a actuar en contra de su libre voluntad moral; no dictarle comportamientos que el individuo considere contrarios a los que tendría en ausencia de contrato social, a menos que dichos comportamientos infrinjan la libertad de otros.

El otro es crear un muro de contención que proteja a las minorías [políticas, ideológicas, étnicas, sexuales, religiosas, etcétera.] frente al poder de las mayorías. Sin esto, no es posible mantener el mecanismo por el cual la democracia se ratifica y rejuvenece periódicamente. Es esencial permitir que quien hoy no cuenta con el apoyo o aceptación mayoritaria tenga la oportunidad de procurarla, sin antes ser aplastado por la mayoría.

La implicación para Nicaragua es que hace falta:

• Abandonar la idea de que el fin último de una democracia es dar poder a la voluntad de la mayoría y convertirla en avasalladora voluntad general. La democracia es, necesita serlo para sobrevivir, bastante más que un mecanismo a través del cual la mayoría impone su voluntad en todo. La democracia necesita precisamente ser un sistema que delimite el poder de las mayorías, el peso de la voluntad general, e impida que esta invada totalitariamente todos los espacios.

• Adoptar la idea de que el sistema político debe tener como objetivo asegurar la libertad de cada ciudadano. No es esta solamente una aspiración ética, sino una necesidad vital, porque sin libertad para todos, termina habiendo libertad para muy pocos, si es que se puede llamar libertad al privilegio de los opresores.

El buen gobierno no es el que hace el bien
En la práctica, todo esto requiere que el ámbito de las decisiones privadas del individuo y la familia queden fuera del alcance del Estado. Requiere también abandonar otra idea: que la legitimidad de un acto de gobierno depende de si ese acto es moralmente bueno en la opinión de la mayoría. O, visto desde otro ángulo, que el gobierno actúa bien si lo que hace es bueno.

En un régimen democrático, el gobierno no actúa bien si hace el bien. Actúa bien si actúa con la mayor energía posible dentro de sus límites. Actúa mal, aunque haga lo que es visto a corto plazo como bueno, si rebasa los límites de su ámbito, e invade –aunque sea para bien—el ámbito de las decisiones privadas del individuo y la familia.

Un ejemplo: que la mayoría sea creyente, y considere el culto a Dios como bueno, no significa que el gobierno deba apoyarlo, por la misma razón por la que no debe atacarlo: porque pertenece al ámbito privado, al de la conciencia de los ciudadanos. Demás está decir que, generalmente, los gobiernos que dicen apoyar la religión lo que hacen es apoyarse en ella y eventualmente hacer el mal con ella, porque el uso de la fe religiosa en el proceso político tiene un rastro fatídico en la humanidad, y en nuestra propia historia. Es apenas una ilustración, entre muchas, del daño que ocurre cuando el Estado cruza la frontera e invade espacios en los que solo la conciencia de los individuos debe moverse.

Constitución democrática: bebé rodeado de coyotes
No basta crear una constitución democrática a través de una constituyente democrática. No basta establecer límites legales a la acción del gobierno. En Nicaragua la Constitución democrática es una criatura tierna y vulnerable que nacerá, si logra nacer, rodeada de peligros.

Para empezar, el de la experiencia centralista, autoritaria, y recientemente totalitaria, de la política nicaragüense.

Está también el de la desigualdad económica.

Le sigue el de una cultura acostumbrada, a pesar de mucho ruido revolucionario, al racismo y a la estigmatización de la pobreza (o al igualmente vil anverso, su glorificación demagógica).

Por último, en esta lista breve, el riesgo que procede de poderes externos, tanto políticos como económicos, cuyo interés fundamental no es otro—como es natural–que el de su propio beneficio, en ocasiones a expensas de nuestra libertad.

Una meta esencial: atomizar el poder central
Ante estos grandes retos los demócratas necesitan idear soluciones realistas, que reflejen la enormidad de los peligros y no asuman que los políticos “de la nueva era” van a ser un dechado de bondad, honestidad, e integridad: la prédica moralista no basta, y ya sabemos que “el hombre nuevo” no existe, o al menos nadie lo ha visto desde hace más de dos mil años.

Por tanto, hay que preocuparse de descentralizar –yo diría “atomizar” –el poder del gobierno. Y hacerlo de manera permanente, estructural, para que ningún gobernante de turno, por más popular o astuto que sea, logre entronizarse.

Este es un reto fundamental, de vida o muerte para la democracia, y de paz o guerra para la sociedad. No se trata de elegir un ‘buen presidente’, una persona ‘íntegra y competente’, sino de diseñar el sistema y dispersar el poder para que la democracia logre sobrevivir a quienes no lo son.

Una idea que se me ocurre (habrá muchas y mejores) es fragmentar el poder en gobiernos regionales que no dependan para su financiamiento del gobierno central. Otra es que no haya una Policía Nacional; que los cuerpos de policía dependan de gobiernos regionales y municipales, financiadas también a ese nivel.

Y en cuanto al ejército, reemplazarlo por fuerzas no militares, con mandos separados; y que se encarguen de funciones diferenciadas, tales como: cuido de fronteras terrestres, cuido de fronteras marítimas, cuido de recursos naturales.

Otra meta esencial: reducir la influencia del fuerte, apoyar el acceso del vulnerable.
La desigualdad económica es un reto particularmente complejo, que merece, aun si se trata apenas de esbozarlo, de mucho más espacio del disponible aquí. Porque Nicaragua padece un caso extremo. Unas pocas fortunas nacionales son de nivel mundial, y su suma estimada equivale a un porcentaje del Producto Interno Bruto inusualmente alto. Convive tanta riqueza con un alto porcentaje de la población que apenas subsiste, y con una clase media pequeña, frágil, y sin muchas avenidas de progreso en una economía dominada por empresas familiares que son además de carácter monopólico u oligopólico.

La tarea doble es quitar poder político y económico a los grandes, facilitar la adquisición de poder económico y político a los pequeños, para ir cerrando la brecha, todo dentro de un régimen de garantías que asegure derechos, y de leyes que combatan privilegios.

La estrategia necesita incluir regulación, tributación, y un gasto masivo en educación de matiz ‘futurista’, es decir, que prepare a la población para el mundo actual, el de la globalización, la tecnología y la alta productividad.

Nada de esto es posible si simultáneamente no se educa en la igualdad de derechos ciudadanos, si no se fomenta la autoestima de la nación en la conciencia de sus niños, inculcándoles que son, independientemente de cómo lucen, de cuánto tienen sus padres en propiedades o en el banco, de si han nacido pobres o no, ciudadanos de una república que les pertenece. Trabajo difícil, evidentemente, pero necesario, y no imposible. Dicho sea de paso, la formación de esta nueva conciencia ciudadana debe apoyarse en leyes que combatan la discriminación.

Los pies sobre la tierra
Yo no me hago ilusiones: recorrer el camino desde donde hoy nos encontramos hasta una sociedad como la que nunca hemos tenido, libre y próspera, va a costar mucho trabajo y mucho sacrificio.

Con toda seguridad que los nicaragüenses sabrán mandar a la actual dictadura al museo de los malos recuerdos, pero lo más probable es que el proceso sea mediatizado por intereses que hoy en día son mucho más organizados y poderosos que el resto de la sociedad. Estos sectores tendrán, o creerán tener, la sartén por el mango al acabar el capítulo trágico que hoy se vive, y buscarán cómo preservar sus privilegios. Es probable que lo logren en el corto plazo.

Sin embargo, los demócratas necesitan tratar la transición hacia un gobierno no-dictatorial como apenas un primer paso en la construcción de la democracia sostenible. Porque si la desigualdad que se traduce en privilegios para unos cuantos no desaparece, tarde o temprano estaremos otra vez donde estamos hoy.

Por eso hay que poner sobre la mesa, debatir de la manera más inteligente, informada y amplia que se pueda, soluciones prácticas guiadas por el principio de que no puede sostenerse la libertad sin igualdad, ni la igualdad sin libertad.

Ese es el reto que me atrevo a lanzar desde mi pequeña esquina.

Un video hermoso, otra cortina de humo

Enero 20, 2019

Tengo que confesarlo: es un video hermoso, en blanco, azul, y negro.  Diseñado para elevar el contraste entre los colores de la bandera y la oscuridad impuesta por la dictadura. 

Desafortunadamente, pasado el breve goce estético se viene un regusto entre triste e indignado, más que todo una sensación de vacío.

Puesto a reflexionar, no es difícil entender por qué: el video es una cortina de humo, una más de los grandes propietarios del Cosep, como antes los paros de un viernes, las “encerronas” para decidir “futuras acciones”, y más recientemente el anuncio hecho por la dirigencia de la asociación gremial de que darían cobijo legal a una marcha ciudadana, podrían su sello en la solicitud de permiso que el régimen, de manera arbitraria, exige, y que hasta la fecha ha denegado bajo la excusa de que quienes pedían autorización estaban siendo investigados por “golpistas” o eran entidades ilegales. 

Desde aquel anuncio, ya ha corrido más de un mes. 

Mientras tanto: más presos, incluyendo varios de los más importantes periodistas independientes, más exilados, y más desaparecidos; el país entero convertido en un gulag, la economía deslizándose al abismo.  No solo eso: el magistrado Solís –de la Corte Suprema– aliado clave de Ortega, se ha ido al exilio tras renunciar dramáticamente a su cargo (“yo no deseo una guerra civil en Nicaragua, pero me queda claro que ustedes van por ese camino”); la OEA ha oficialmente verificado los crímenes de lesa humanidad del régimen; su Secretario General, antes blando (o amistoso) hacia el orteguismo, ha pedido que se asfixie financieramente a la dictadura, y ha puesto en marcha en esa dirección al lento tren de la diplomacia regional.

Después de un mes tan fatídico, la respuesta de los grandes propietarios: “Le hablamos a usted, que está en el poder”—dicen—“queremos diálogo…queremos un país con derechos humanos…Dialoguemos ahora, porque si no lo hacemos, mañana ya no habrá nada más.” 

Intentan así ocupar terreno noble, ético, porque ¿quién podría rechazar una solución civilizada, un país con derechos humanos? ¿Quién, con dos dedos de frente, ignora que lo que se avecina es tiempo de destrucción?

El problema es que a estas alturas la pose no es del todo convincente. Más bien es de un patetismo difícilmente distinguible de la patraña.  En el mejor de los casos, insolvencia, incapacidad moral para enfrentar los resultados de una crisis de la cual ellos son también culpables, y que cuesta mucho a la sociedad, no solo en lo material, sino en vidas humanas.

No creo que ignoren que a estas alturas carece de sentido, si no hacen nada más, invitar a Ortega y a Murillo a dialogar, o peor aún, hacer de ese diálogo la totalidad de su propuesta de lucha.  Con el país militarizado y gran parte de los líderes populares en el exilio, presos, o forzados a la clandestinidad, ¿qué transacción puede darse, a corto plazo, en la que los Ortega-Murillo dejen el poder por las buenas y permitan que arranque el camino hacia la democracia? ¿Qué concesión podría hacérseles a quienes ya no pueden estar seguros fuera del poder y fuera de Nicaragua, para quienes “Nicaragua democrática” es el nombre de una parada de ruta hacia la cárcel y hacia la pérdida de sus mal habidas riquezas?

Con tristeza, doy mi opinión: Ninguna.  

Cómo quisiera estar equivocado. 

Libertad en el camino hacia la libertad.

5 de Enero, 2019


Creo que sin atreverse a ver y a decir la verdad, o al menos lo que uno entiende por verdad, no habrá jamás democracia en Nicaragua.

Digo “atreverse” porque hay verdades que en nuestra cultura, pobre en tradición democrática y rica en tradición de privilegios y centralismo, pueden ser muy incómodas, y atraer “castigo”, y censura. Doy algunos ejemplos:

1) No “vamos ganando”. [“Es solo una herida superficial”– repite el caballero mutilado de la comedia de Monty Python.] Debemos ganar, podemos ganar, sabemos que la dictadura está en su crisis más aguda, deseamos que se acabe ya la pesadilla, pero prisioneros que gritan “vamos ganando” en un campo de concentración no describen la realidad objetivamente;

2) La represión del régimen “socialista” es (¿plan o costumbre?) casi impecablemente clasista;

3) Los líderes de los Autoconvocados son el blanco principal de la represión de la dictadura; para ellos reserva el régimen su bota más pesada: están en la cárcel, en la tumba, en la clandestinidad o en el exilio;

4) Los líderes de los Autoconvocados están, por tanto, efectivamente excluidos de la “Unidad Azul y Blanco”, la cual se sirve de ellos, como nombres o personajes en una fotografía, para adquirir legitimidad;

5) La Unidad ha sido reducida a una presencia fantasmal, y públicamente no propone más que denuncias y apoyo a las presiones externas;

6) Con los líderes Autoconvocados del movimiento estudiantil y campesino involuntariamente fuera de escena, el liderazgo visible de la Unidad queda compuesto en su mayoría por gente que de una forma u otra ha estado ligada a esferas del poder en el pasado; esto, por sí solo, no condena, pero no es renovación, y no es, viendo las cosas en perspectiva histórica, accidente;

7) La Unidad busca legitimar como opositores a segmentos de la sociedad cuyas credenciales en ese terreno son ampliamente cuestionadas, como el Cosep; ¿qué se ha obtenido a cambio?

8) Anatema, criticar al Cosep; hacerlo atrae respuestas furibundas de los partidarios, participantes y propagandistas de la Unidad. Por cierto, ¿ya aplicó la asociación de empresarios para el permiso a la marcha que convocaron en diciembre?

9) Hay otros, como el cardenal Brenes, que tampoco pueden ser criticados sin arriesgar insulto y censura. Para mí esto es muy lamentable. Ningún personaje público que esté en posición de influir sobre el rumbo de la nación puede estar exento de crítica, sea laico o religioso, pobre o rico, héroe o santo. Es una cruel ironía levantar la bandera de la democracia y la libertad y a la vez suprimir opiniones que no sean “las de arriba”.

10) Pregunte usted “¿Cuál es la estrategia?” y le dirán “no podemos hablar de eso en público”, como si el movimiento democrático fuera un esfuerzo “privado”.

¿Queremos el derrocamiento de la dictadura? ¿Queremos democracia para Nicaragua? Necesitamos discutir en libertad, y crear una cultura democrática.

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