Un cuento (¿un cuento?)

26 de enero de 2020

La fórmula para la supervivencia de Ortega es esta: elecciones en el 2021 frente a la Coalición Nacional. Por algo es lo que el dictador pidió (impuso) desde el comienzo de la crisis. Y es exactamente lo que los opositores Alianza/UNAB (ahora, por hoy, Coalición, sucias ya las otras siglas) están dispuesto a darle:

Ortega o su designado participan en elecciones, Ortega acepta “perder”, pero se queda con todos sus recursos; ya no es presidente, y sin embargo tiene todo el poder represor que antes tenía: todos sus espías y paramilitares, en puestos intocables dentro del Estado, las universidades, los juzgados, en el ejército y policía; sus canales de televisión y muchas otras empresas; y su red de jueces (podría decirse que su propio sistema judicial).

Ellos se encargan de neutralizar, por las malas o las pésimas, a cualquiera que piense en hacer justicia, ahora que “estamos en democracia”; de castigar a todo aquel que “agarra la vara” de que el sandinismo ha sido derrotado.

Ante el mundo, ya es imposible quejarnos: el gobierno ha sido “libremente electo”; la presidenta Cristiana Chamorro pide que seamos prudentes, que “vayamos poco a poco; cada paso nos acerca al sueño de mi padre”. El vicepresidente Arturo Cruz (o si no vicepresidente, Canciller) se encarga de calmar a unos pocos escépticos en Estados Unidos y la Unión Europea (aunque la mayoría tachan muy alegremente el “problemita” de su agenda). “Gracias a Dios”, nos dice, “los nicaragüenses son muy sensatos y saben que lo más importante es la gobernabilidad. Salvamos el Cafta. Es tiempo de atraer más inversión”.

En la Asamblea, el líder de la Coalición, Juan Sebastián Chamorro, ve el poder que esperaba desmoronarse por la deserción de políticos aliados, quienes súbitamente descubren que no pueden oponerse frontalmente al FSLN. Han aprendido que “no es lo mismo estar en la oposición que gobernar; aquí tenemos que asegurarnos de que se aprueben proyectos y de que entre dinero al país; no podemos estar siempre como perros y gatos; los sandinistas son también nuestros hermanos nicaragüenses”.

Otros de la ya difunta alianza electoral, como el nuevo alcalde de Managua, Félix Maradiaga, contemplan el espectáculo desde espacios donde esperan construir su base de poder, para después recoger los “tucos” de la Coalición en un futuro proceso electoral.

Van apareciendo cadáveres de exilados que regresaron después de la “derrota” del FSLN. El ministro de gobernación, José Pallais, especula que los asesinatos podrían ser obra de “extremistas” que quieren sabotear la “reconciliación con justicia” (el nuevo lema del gobierno). “No sabemos exactamente, pero no vamos a descansar hasta que esto se aclare, incluso hemos recibido ofertas de asistencia técnica del FBI. Pero que quede claro que estos crímenes no reflejan la voluntad de la mayoría, que todos estamos trabajando para construir un país mejor, por fin en paz; no dejemos que nadie nos desvíe de esa ruta. ¿Se acuerdan cuando la gente gritaba “¿cuál es la ruta?”. Pues, esta es la ruta.”

Mientras tanto, Ortega sigue ahí, como el dinosaurio del cuento, más rico que nunca, preparando la elección del Chigüin.

No es la “unidad”, ni la “separación”: es la desconfianza (el fracaso de la Alianza Cívica y de la UNAB)

8 de enero de 2019

¿Representan la UNAB y la Alianza Cívica al pueblo democrático nicaragüense?  En sentido estricto, científico, no sabemos. Aunque es mucho menos arriesgado afirmar que la Alianza Cívica no representa la diversidad de intereses de los nicaragüenses, porque lo que impera ahí, a todas luces, es el interés de la minoría que controla el poder económico. Y aunque el respetado movimiento campesino que lidera Medardo Mairena forme parte de la Alianza, su participación carece de protagonismo, de entusiasmo, y se caracteriza por la insistencia de que los campesinos son autónomos y están en contra del “aterrizaje suave” que la Alianza persigue.

En cuanto a la UNAB: el perfil de–por ejemplo–su Consejo Político, está diseñado para parecerse un poco más al de la sociedad, al incluir organizaciones que presuntamente están conectadas con grupos sociales “populares” y “regionales”. Sin embargo, la mayoría de la población no conoce a estas organizaciones o a sus dirigentes, que nunca –esto sí se sabe—tuvieron huella visible en el ámbito político. Por el contrario, una corriente de escepticismo y sospecha baña al conglomerado de oenegés y pequeños grupos políticos constitutivos de la UNAB, justa o injustamente, con conocimiento de causa o no. Y cabe añadir que los campesinos—incómodos miembros oficiales de la Alianza Cívica—apenas esconden su desconfianza de la UNAB, y han rechazado múltiples intentos de estos por atraerlos.

Estando así las cosas, tanto la Alianza Cívica como la UNAB buscan para sí la representatividad popular de una manera indirecta, publicitaria: reclamando la bandera de la insurrección cívica de abril de 2018, convertida en fuente potencial de legitimidad para cualquier fuerza opositora, al punto de que si alguien lograra persuadir a la población de que encarna el espíritu de la insurrección y sus metas, probablemente adquiriría un estatus hegemónico en la oposición.

Hoy por hoy, ni la Alianza Cívica ni la UNAB han conseguido ganar esa batalla en las mentes y en los corazones de los nicaragüenses.  La aseveración de Monseñor Silvio Báez, a quien muchos consideran líder espiritual (o más ampliamente, ideológico) de la rebelión, lo resume así: “no existen liderazgos confiables en Nicaragua”. 

El ‘gran capital’, la lucha de clases, el mito del caudillismo, el libre mercado

6 de enero de 2020

Debo confesar que me ha sorprendido (un escéptico podría afirmar que me he dejado sorprender, otros dirán que exudo ignorancia, o peor) un aspecto de la crisis nicaragüense que ahora veo como especialmente trágico: el ‘gran capital’ y sus operadores políticos han convertido la lucha democrática de la amplia y diversa mayoría de nicaragüenses en una lucha de clases.

Tal perversión de motivos tiene una dimensión cruel, que espero sea recogida por la Historia, por el bien del bien: en su ‘lucha de clases’ los grandes propietarios no hicieron nada por impedir que Ortega masacrara a cientos de personas, destruyera miles de familias, enviara a más de cien mil opositores al exilio.  No es temerario afirmar que prefirieron aceptar pasivamente el baño de sangre, antes que arriesgarse a “otro 19 de Julio”; o– si se quiere una versión más generosa o motivo complementario– antes que enfrentarse a su socio en el “modelo de consenso” que celebraban extáticos hasta el 18 de abril de 2018.  

De tal manera contemplaron la genocida “operación limpieza” durante meses, meses de terror en los cuales con frecuencia caían asesinados en un mismo día 5, 10, 15 personas desarmadas, casi siempre jóvenes, incluso niños, y casi inevitablemente gente de pocos recursos económicos.

Cuando digo “contemplaron”, no me refiero solo a que desoyeron el clamor, la súplica del pueblo que pedía su ayuda para detener la mano asesina del tirano—su socio, no olvidemos– paralizando las grandes empresas.  La realidad es peor: mientras las hordas de Ortega asolaban los barrios y campos del país los poderosos empresarios y sus agentes colaboraban políticamente con la dictadura. Porque ya se sabe–si, se sabe, no se especula–que enviados del gran capital hacían gestiones en Washington para detener las medidas del gobierno estadounidense contra Ortega. Lo hicieron también ante los gobiernos europeos y latinoamericanos. Hay testimonios públicos y fuentes periodísticas que confirman esta relación.

Aparte del colapso moral y espiritual, y del desprecio a la vida que esta postura revela, encontramos en ella una pista acerca de por qué la democracia no ha logrado echar raíces en Nicaragua. No es por el cacareado “caudillismo” de las masas, sino por la concentración excesiva de poder económico (que se traduce en influencia política) de una minoría anticuada, arcaica y antidemocrática, que no solo impide el desarrollo económico, sino el desarrollo político del país.

El ciudadano de la calle pone el pecho y la cara para que en Nicaragua se pueda vivir como se puede vivir en cualquier país civilizado: sin que el gobierno mate al que piensa distinto; sin que la oposición ‘oficial’ (operadores políticos del ‘gran capital’) haga de cada crítico un “sapo”; sin que unos cuantos se repartan el poder en conciliábulos; bajo un Estado que dirima pacíficamente los inevitables conflictos de intereses que surgen de la diversidad, sea por clase, sea por región, sea por ideología, sea por lo que sea; un Estado administrado por funcionarios electos con poderes limitados que terminen donde arrancan los derechos individuales y comienza el riesgo de tiranía.

En contraste, la minoría terrateniente de raíz colonial se empeña en mantener sus privilegios, sus oligopolios, y sus protocolos antidemocráticos.

A esto nos enfrentamos. Es una montaña, una roca dura, que lleva siglos aplastando las posibilidades de millones de seres humanos nacidos en la tierra que nos hace añorar, sufrir, y soñar.

Esa montaña hay que erosionarla con paciencia, como hace el viento. En este caso el viento de la idea democrática, que no debe dejar de soplar hasta que pueda afianzarse la libertad.  Porque aún cuando caiga la dictadura de Ortega-Murillo y su FSLN—y caerá, hecha cenizas si es preciso, por revolución o muerte natural—la montaña estará ahí. Seguirá siendo un obstáculo para la libertad política, y también—cierro con esta aparente ironía—para la libertad económica.  Porque lejos de representar al “libre mercado” los herederos ‘capitalistas’ de la colonia le cierran las puertas, mantienen control monopólico y oligopólico sobre la economía, impiden que millones de personas compitan en igualdad de condiciones, se apoyan en la corrupción y en el Estado para mantener su dominio. De esa forma, son un obstáculo al desarrollo económico del país. 

Por el bien de todos, convendría recordar la visión de Tomás Jefferson (no digo Lenin, digo Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos): el propósito de la democracia consiste en establecer límites al poder del dinero en la sociedad.  En un país con tan grotesca concentración de poder económico como Nicaragua, este consejo es de vida o muerte, no solo para vivir en libertad, sino para que todo aquel que quiera invertir y triunfar en los negocios pueda hacerlo sin que se lo impidan una élite económica voraz o un gobierno tiránico.

El bacanal de los corruptos, “el que critica a la Alianza es sapo”, y la defensa de Juan Sebastián Chamorro

4 de diciembre de 2020

Juan Sebastián Chamorro niega haber afirmado que “el que critica a la Alianza Cívica es sapo”.  Pero eso es–¡por supuesto!–lo que está claramente implícito en sus declaraciones, que intentan asociar denuncia y crítica de la feliz convivencia de AC-empresarios corruptos-FSLN, con “campaña orquestada por el orteguismo“.

De hecho, la ofensiva mediática de la Alianza Cívica para suprimir la crítica tiene y ha tenido como eje, desde un inicio, identificar al crítico como agente de Ortega.  “Divisionista”, repetían. Ahora, con el filo de esa palabra gastado por la obvia falsedad, los políticos del aterrizaje suave y de elecciones con Ortega, con o sin reformas, “van con todo” y ya no tildan a los críticos de divisionistas, sino de algo más macabro: “infiltrados”.

Los poderes fácticos que se esconden tras la carcasa de lo que en un inicio se proyectó como una unión ciudadana para ordenar la salida del tirano, y que ellos convirtieron en disfraz para impedir el triunfo del pueblo que ocupaba las calles, no quieren la crítica. Tienen vena autoritaria. Nunca han puesto por encima de sus intereses personales, familiares y de empresa los derechos de la ciudadanía y la libertad de la nación. Si hubiera sido así, nunca habrían sido partícipes de la segunda dictadura FSLN. Algunos fueron también partícipes de la primera.

Tampoco tienen muchos escrúpulos para torcer la verdad. “Solís no es de la Alianza Cívica”, dicen, como si hubiera que pasar examen público y recibir carné para ser declarado individualmente “miembro” de la Alianza.

A nadie que no quiera ser engañado engañan.  A la vista está el involucramiento de Jorge Solís en las maniobras de la Alianza Cívica.  A la vista quiere decir: múltiples reportes de personas participantes, fotografías y videos.  Además, el más reciente jolgorio de las élites, fotografiado y distribuido en las redes sociales, que ha causado indignación general y la defensa desesperada del Sr. Chamorro, no solo incluye a Jorge Solís, sino a Chano Aguerri, presidente forever del Cosep, y a Arturo Cruz Jr.,  ideólogo del “aterrizaje suave”, racionalizador del autoritarismo en nombre de la gobernabilidad, hombre ligado tanto al general sandinista Humberto Ortega (su viejo amigo y exsuegro) como a los empresarios y—no olvidemos—exembajador de Daniel Ortega en Washington.  En fotos de la misma fiesta aparecen también algunos de los grandes empresarios del país, la hija del exjefe del Ejército sandinista, novia actual, según reportan fuentes consultadas, de Chano Aguerri; María Fernanda Flores, diputada PLC, esposa del expresidente Arnoldo Alemán; Bayardo Arce (que, hay que recordarlo, no solo es “Dirección Nacional”, sino “asesor” de Ortega, y “gran empresario”); y el muy sociable Nuncio, quien junto a Jorge Solís ha funcionado como una bisagra entre diferentes grupos de poder que intentan “resolver” la crisis sin que su hegemonía naufrague.  Si este contubernio no es muestra suficiente de la promiscuidad inmoral de las élites, mientras sufren los reos políticos, lloran las familias de los muertos y desaparecidos, y padecen adversidades los exilados, es que hemos perdido la capacidad de indignarnos ante la injusticia.

Estas élites, largamente en control económico y político de Nicaragua, no han logrado adaptarse a las circunstancias del siglo XXI; en eso se parecen al tirano Ortega, quien quiso suprimir la información cerrando las radios y empujando a El Nuevo Diario hacia la desaparición. Ambos se han equivocado: hoy los ciudadanos tenemos más ojos, y tenemos medios de compartir la información; medios que las élites anticuadas, fracasadas y autoritarias no controlan. Para usar una palabra de moda, no están acostumbrados a la fiscalización, y la resienten. Imposible predecir si en el corto plazo, porque han aprovechado otras ventajas, vayan a salirse con la suya y completar el Kupia Kumi que desean con la dictadura. Pero el cambio en la tecnología no ocurre en vano. Ayuda no solo a relatar lo que vemos; nos ayuda a ver más, induce un cambio de conciencia.  Ese cambio de conciencia está en marcha, y exige una sociedad más democrática, con derechos para todos, y no solo para la élite alegre que festeja sobre los cadáveres, la pobreza y los exilios de la mayoría.  

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