6 de enero de 2020

Debo confesar que me ha sorprendido (un escéptico podría afirmar que me he dejado sorprender, otros dirán que exudo ignorancia, o peor) un aspecto de la crisis nicaragüense que ahora veo como especialmente trágico: el ‘gran capital’ y sus operadores políticos han convertido la lucha democrática de la amplia y diversa mayoría de nicaragüenses en una lucha de clases.

Tal perversión de motivos tiene una dimensión cruel, que espero sea recogida por la Historia, por el bien del bien: en su ‘lucha de clases’ los grandes propietarios no hicieron nada por impedir que Ortega masacrara a cientos de personas, destruyera miles de familias, enviara a más de cien mil opositores al exilio.  No es temerario afirmar que prefirieron aceptar pasivamente el baño de sangre, antes que arriesgarse a «otro 19 de Julio»; o– si se quiere una versión más generosa o motivo complementario– antes que enfrentarse a su socio en el “modelo de consenso” que celebraban extáticos hasta el 18 de abril de 2018.  

De tal manera contemplaron la genocida «operación limpieza» durante meses, meses de terror en los cuales con frecuencia caían asesinados en un mismo día 5, 10, 15 personas desarmadas, casi siempre jóvenes, incluso niños, y casi inevitablemente gente de pocos recursos económicos.

Cuando digo «contemplaron», no me refiero solo a que desoyeron el clamor, la súplica del pueblo que pedía su ayuda para detener la mano asesina del tirano—su socio, no olvidemos– paralizando las grandes empresas.  La realidad es peor: mientras las hordas de Ortega asolaban los barrios y campos del país los poderosos empresarios y sus agentes colaboraban políticamente con la dictadura. Porque ya se sabe–si, se sabe, no se especula–que enviados del gran capital hacían gestiones en Washington para detener las medidas del gobierno estadounidense contra Ortega. Lo hicieron también ante los gobiernos europeos y latinoamericanos. Hay testimonios públicos y fuentes periodísticas que confirman esta relación.

Aparte del colapso moral y espiritual, y del desprecio a la vida que esta postura revela, encontramos en ella una pista acerca de por qué la democracia no ha logrado echar raíces en Nicaragua. No es por el cacareado «caudillismo» de las masas, sino por la concentración excesiva de poder económico (que se traduce en influencia política) de una minoría anticuada, arcaica y antidemocrática, que no solo impide el desarrollo económico, sino el desarrollo político del país.

El ciudadano de la calle pone el pecho y la cara para que en Nicaragua se pueda vivir como se puede vivir en cualquier país civilizado: sin que el gobierno mate al que piensa distinto; sin que la oposición ‘oficial’ (operadores políticos del ‘gran capital’) haga de cada crítico un «sapo»; sin que unos cuantos se repartan el poder en conciliábulos; bajo un Estado que dirima pacíficamente los inevitables conflictos de intereses que surgen de la diversidad, sea por clase, sea por región, sea por ideología, sea por lo que sea; un Estado administrado por funcionarios electos con poderes limitados que terminen donde arrancan los derechos individuales y comienza el riesgo de tiranía.

En contraste, la minoría terrateniente de raíz colonial se empeña en mantener sus privilegios, sus oligopolios, y sus protocolos antidemocráticos.

A esto nos enfrentamos. Es una montaña, una roca dura, que lleva siglos aplastando las posibilidades de millones de seres humanos nacidos en la tierra que nos hace añorar, sufrir, y soñar.

Esa montaña hay que erosionarla con paciencia, como hace el viento. En este caso el viento de la idea democrática, que no debe dejar de soplar hasta que pueda afianzarse la libertad.  Porque aún cuando caiga la dictadura de Ortega-Murillo y su FSLN—y caerá, hecha cenizas si es preciso, por revolución o muerte natural—la montaña estará ahí. Seguirá siendo un obstáculo para la libertad política, y también—cierro con esta aparente ironía—para la libertad económica.  Porque lejos de representar al “libre mercado” los herederos ‘capitalistas’ de la colonia le cierran las puertas, mantienen control monopólico y oligopólico sobre la economía, impiden que millones de personas compitan en igualdad de condiciones, se apoyan en la corrupción y en el Estado para mantener su dominio. De esa forma, son un obstáculo al desarrollo económico del país. 

Por el bien de todos, convendría recordar la visión de Tomás Jefferson (no digo Lenin, digo Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos): el propósito de la democracia consiste en establecer límites al poder del dinero en la sociedad.  En un país con tan grotesca concentración de poder económico como Nicaragua, este consejo es de vida o muerte, no solo para vivir en libertad, sino para que todo aquel que quiera invertir y triunfar en los negocios pueda hacerlo sin que se lo impidan una élite económica voraz o un gobierno tiránico.