Las excusas de la indecencia

10 de febrero de 2020

En esta breve nota omitiré nombres propios, tanto de inocentes como de culpables. En el tema del que trato son escasos los primeros (porque atañe a la cultura de la sociedad), y los más prominentes entre los segundos tienden a ampararse en el victimismo, creando una neblina lacrimosa que busca ocultar sus faltas. Hablemos, pues, del pecado, y no del pecador.

“Le cuesta la causa”

Vieja excusa del oportunismo entre nosotros. La escuché muchas veces, pero la que cuento tiene que ver con la historia reciente de Nicaragua.

Pasaba un controvertido expresidente en su caravana de vehículos de lujo. El gerente propietario de un negocio comentó a su empleada, vendedora de piso en el establecimiento: “mirá cómo viven; por eso no avanzamos”.  La empleada, con la fluidez de una lección asimilada plenamente, respondió: “está bien que así sea; se lo ganó, le cuesta la causa”. 

“Roba, pero hace”

Una versión anodina de “le cuesta la causa”.  Mientras que en la versión original se hace aceptable que los recursos públicos—o sea, el dinero de los demás– sean premio al tesón de un político ambicioso, y por tanto el despliegue de lujo del poderoso no es vergüenza sino laurel de triunfador, en el “roba, pero hace”, se acepta a regañadientes que el político es corrupto—pero se acepta de manera fatalista: no hay opción diferente, porque “todos roban, este por lo menos hace”.

“Mata, pero construye hospitales y carreteras”

La versión deshumanizada de “roba, pero hace”.  En ella, se degrada a la vida humana en pago de presuntos avances materiales.  Pero también se habla de estos como si fueran producto de la generosidad extraordinaria del político, como si vinieran de su bolsillo o no fueran su obligación.

“La casa no era robada, era del banco”

Esta es, digamos, una variante un poco vergonzante de la desvergüenza, a medio camino entre la negación del crimen y la confesión desafiante. En cualquier caso, el infractor se sabe impune, pero parece aún sentir la necesidad de cubrir su flanco; quizás no está seguro de haber escapado definitivamente a la justicia, o al juicio moral de la sociedad. Y si es así, es porque hablamos de crímenes recientes, y los miembros del jurado, los ciudadanos de Nicaragua, apenas ocupan sus escaños.

¿Qué es lo que busca ocultar esta excusa? En la primera dictadura del FSLN muchos de sus militantes privilegiados recibieron en “asignación” del partido-gobierno una casa para vivir, sin pagar, por supuesto.  Las casas estaban en manos del Estado (si no, ¿cómo podría el Estado asignarlas?) como producto de las expropiaciones llevadas a cabo por la dictadura. Se expropió primero a la familia Somoza y a los “allegados” al régimen somocista. Nunca se estipuló en qué consistía el allegamiento, ni qué grado de este justificaba la expropiación; no se estipuló el requisito de probar la adquisición ilícita de un bien para poder expropiarlo. Luego se extendió la ola expropiadora (por cierto, bastante común en las luchas políticas de Nicaragua) a propiedades declaradas en abandono, ya que sus dueños estaban fuera del país más de seis meses al año. En muchos casos, se trataba de gente amenazada por la dictadura, o que no quería exponerse, ni exponer a sus hijos, a la opresión del régimen. La mayoría de estas propiedades estaban, en la escala de la propiedad urbana y rural del país, entre las más valoradas.

¿Por qué “del banco”? Excusa doblemente pérfida. Por un lado, muchas propiedades ocupadas por el régimen (algunas de las cuales ni siquiera fueron formalmente “expropiadas”) fueron puestas bajo la administración del Banco de la Vivienda, institución estatal. Claro, “eran del banco”.  Otras, no ocupadas por decisión política, tenían aún hipoteca bancaria; al huir sus dueños y verse imposibilitados de seguir pagando, el banco (estatizado) embargaba el activo. Claro, “eran del banco”. 

Los nuevos ocupantes, auténticos mimados de la revolución, vivirían en ellas por años sin pagar ni incurrir en gastos de mantenimiento, sin que los dueños legales pudieran decir una palabra, mientras sufrían, en muchos casos, las inclemencias del exilio.

Dejaré para otra oportunidad comentar sobre la vicisitud de calvarios de muchas familias para regresar a sus casas después de la derrota de la primera dictadura FSLN en 1990. Algunas lo lograron, otras no. Lo que espero dejar claro en este texto es que quienes habitaron propiedades “asignadas” por el FSLN no pueden lavarse las manos con un “era del banco”. Sabían, tan bien como sus dueños (a quienes no pagaron un centavo) que aquellas casas pertenecían a otras personas; que estaban disfrutando ilícitamente de los bienes de otros; que era un privilegio que gozaban por pertenecer a la cúpula de un partido. Deberían, al menos ahora, especialmente si se involucran de nuevo en la política, pedir perdón y pagar reparación a sus víctimas.

“Devolví la casa al banco”

Pero ya muchos de estos personajes parecen ser incapaces de examen de conciencia; se han construido una coraza, tienen el músculo de la contrición atrofiado. Más bien se indignan como el más inocente si alguien se atreve a cuestionarlos. Contaminan nuestra cultura con antivalores que harán imposible, si no se les contradice efectivamente, cualquier renovación social.

Tal es la preocupación que motiva este escrito: los personajes de marras trabajan para volver aceptable su pasado, y de paso vuelven aceptable una conducta que atenta contra cualquier orden democrático, porque no puede haber orden donde la rapiña es legítima, ni democracia donde los privilegiados de una dictadura toman lo que quieren de quienes no quieren—ni tienen obligación—de entregárselos.

Hay ejemplos de esta calamidad moral en medios noticiosos. Un entrevistador pregunta: ¿usted se quedó con alguna propiedad? La respuesta llega serena, satisfecha, presuntamente vindicadora: “ninguna, regresé la casa”. Es decir, todo bien, todo normal, dentro del derecho, sin que nadie pueda quejarse ni clamar corrupción.  Y como prueba de la distorsión ética de nuestra cultura, no se habla más del asunto. Parece quedar implícito que, al “regresar” la casa ajena tras años de usufructo ilícito, nada malo ha ocurrido, ninguna transgresión ética y legal de importancia ha sido registrada, y el personaje puede marchar, frente en alto, a recorrer la pasarela política como cualquier ciudadano impoluto.

“Compré la casa al banco”

No todos “regresaron la casa”.  Hay, por supuesto, quienes se quedaron con grandes propiedades urbanas y rurales sin pagar un centavo, amparados en una ley aprobada en gran medida para ese propósito. Otros no se acogieron a la ley, pero fueron también beneficiarios de la rapiña, de las tantas modalidades de rapiña que infectan el pantano político nicaragüense.

Una de ellas se resume en la frase “compré la casa al banco”.  Un ejemplo, entre tantos. La dictadura persigue a un ciudadano, lo obliga a exilarse; el “banco” deja de recibir los pagos; el gobierno, ahora en control del “banco”, “asigna” la casa a un “allegado” (las palabras regresan, como los fantasmas). Tras la derrota del FSLN, y en medio de la conmoción y la piñata, el ocupante ilícito “regulariza” su situación legal “comprando al banco” la propiedad por una fracción de su valor. 

En el mundo ficcional de la legalidad de Nicaragua, muchas variantes de esta y otras malversaciones han ocurrido y continúan ocurriendo. De tal manera que el país es una selva donde el derecho está al servicio del poder, y no al revés; donde no hay siquiera Registro de la Propiedad confiable, porque ha sido tal el relajo que existen a veces dos y hasta tres títulos para un mismo bien.

Cuál de ellos es “legal” depende de quién tiene el poder en el momento. Quién tiene la razón y a quién hay que tratar con guantes de seda y dejar hablar, dejar decir, dejar mentir, depende de quién tiene poder o parece cercano a tenerlo.

Por eso la putrefacción ética representada por las frases a que hago referencia, y por los personajes que las emplean, es un enemigo mortal del orden democrático.  

Hay que insistir: no puede haber orden democrático donde la rapiña es legítima. Y si los nicaragüenses queremos democracia, no podemos darnos el lujo de aceptar como legítimos a quienes, para justificar su pasado, no solo se niegan a pedir perdón por sus transgresiones, sino que nos quieren obligar a aceptarlas como normales.

Imagínese el lector que lo saco de su casa a la fuerza, vivo en ella durante años, sin permiso y sin pago, y luego “se la regreso”.  ¿Confiaría usted en mí para que yo la administrara en el futuro?

¿Vamos a grabar esta conducta bajo el título de “aceptable”?

Epílogo: las circunstancias, las pobrezas

La insurrección de Abril ha activado fallas geológicas en lo que durante años pareció ser una roca impasible, el pensamiento y alma de la nación, y restaurar la sensibilidad de los ciudadanos ante cuestiones de ética que son insoslayables en la lucha por la libertad. ¿Hay límites para la búsqueda del beneficio personal? ¿Qué constituye una conducta aceptable, compatible con la convivencia en democracia?

En esta discusión, que inevitablemente implica escudriñar el pasado reciente, hay quienes dicen que nuestro juicio debería relativizarse, que nuestro veredicto debería quizás suavizarse, porque cuando ciertas transgresiones ocurrieron “las circunstancias eran otras”, y que la opinión generalizada en la sociedad era entonces distinta a la actual.

No estoy de acuerdo.

En primer lugar, hay que preguntarse si en verdad toda la sociedad encontraba aceptable que una minoría privilegiada habitara casas consideradas de lujo sin pagar un centavo durante años, que se quedara luego con muchas de ellas, e incluso con vastas propiedades y riquezas que un día fueron incautadas en nombre del bien común. ¿Alguien cree eso? 

Pero supongamos que así fuera: sería entonces más apremiante cuestionar tal consenso social, y sobre todo evitar que lo siguiera siendo, porque –permítanme repetirlo una tercera vez– no puede haber orden democrático donde la rapiña es legítima.

En cuanto a la circunstancialidad: la crítica contenida en este escrito no se basa en conceptos éticos novedosos, ni inventados desde el privilegio. Habitar una casa robada, vivir en ella sin permiso del propietario, es una violación grave de la ética hoy tanto como lo fue antes. No cabe justificación al robo, ni al usufructo de lo robado, el cual incluso es visto como un crimen bajo las leyes comunes.

Y digo “no cabe justificación”, porque he escuchado el extraño alegato de que “el gobierno me pagaba muy poco”. ¿Acaso da eso licencia para despojar a otra persona del uso de su casa? ¿En qué clase de sociedad, qué clase de mundo, podremos vivir si este comportamiento se vuelve aceptable? ¿Es esa la Nicaragua que queremos? ¿Podemos confiar en quienes todavía, a estas alturas, en medio de la rapiña de la segunda dictadura FSLN, normalizan, legitiman—para legitimarse ellos mismos—las prácticas de la primera?

De cómo respondamos esta pregunta, me parece, depende en gran medida que logremos pasar de dictadura a democracia, y no tropezar en la corrupción para caer de nuevo en dictadura.

No le hagamos eso a Nicaragua. No obliguemos a las generaciones venideras a cargar el fardo de nuestras carencias éticas.

Abandonemos las excusas de la indecencia.

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